Vivienda: un proyecto de futuro

Algunos escribidores impertinentes venimos defendiendo desde hace tiempo la tesis de que el estado de bienestar que se describe en nuestras constituciones democráticas europeas incluye de forma muy explícita y contundente el derecho a una vivienda digna y apropiada. Y sin embargo, 45 años después de promulgada la carta magna, ese derecho está todavía sin la suficiente cobertura y continúa fundamentalmente en manos del libre mercado. Es más: la derecha política entiende que así debe continuar, aunque no explica por qué la salud o la educación han de ser tuteladas por el Estado y en cambio la vivienda ha de quedar fundamentalmente en el espacio mercantil.

En España, según las estadísticas más recientes publicadas por el europarlamento, el 76% de las viviendas son ocupadas por el propietario, el 2% son de alquiler social y el 16% están en alquiler privado. Ocupamos un lugar intermedio entre los países del este europeo (en Rumanía el porcentaje es del 95% de las viviendas que son en propiedad) y Alemania, que no alcanza el 50%. En todo caso, el hecho de que la mayoría de los españoles vivan en su propia casa (que pagan en muchos casos con dificultad) no resuelve el problema de las generaciones que se incorporan a la vida activa en épocas críticas como las actuales ni el de las personas que no han tenido acceso a una vivienda propia. Hay que pensar que el acceso tardío al mundo laboral es con salarios muy bajos, que no permiten en un número creciente de casos disponer de una hipoteca.

En definitiva, de la misma manera que en los grandes servicios públicos el Estado garantiza el acceso universal y la calidad, también la vivienda debe someterse a un grado de intervención que, en cierto modo, excluya al sector de la especulación. No es saludable que las viviendas sean activos financieros que los grandes ahorradores utilizan para asegurarse una rentabilidad. Es más: sería deseable que se desincentivase esta utilización espuria de estos concretos bienes inmuebles, y se desviase hacia otros activos inmobiliarios, como las concesiones de obras públicas, los establecimientos de hostelería, las instalaciones hospitalarias, los polígonos industriales, los edificios de oficinas, etc.

Esta desincentivación habrá de hacerse mediante la limitación de las rentas de alquiler y la imposición de condiciones que beneficien al inquilino más que al propietario. Y ello plantea una paradoja: si se interviene sin más el mercado de alquiler, este se empequeñecerá por lo que su rentabilidad será menor y el inversor se marchará otra parte, como efectivamente reconocen los críticos con el proyecto de ley gubernamental sobre la vivienda, que constituye un tímido instrumento de intervención que va precisamente en la dirección indicada.

Y si las cosas son así, si el establecimiento de un tope al precio del alquiler y de trabas que pretenden anteponer el derecho a la vivienda al de propiedad reducirá la oferta, la única solución a este conflicto será la asunción por el sector público —estado central, comunidades autónomas y entes locales— de un parque de viviendas de alquiler, que podrá gestionar por sí mismo o a través de gestores privados. Como se ha dicho, en España solo el 2% de la población se aloja en viviendas sociales, frente al 26% en Alemania, por ejemplo. Ello obligará al Estado español a dedicar más recursos a la política de viviendas. En la actualidad, la partida presupuestaria no llega al 0,3% del PIB, cuando los países Bajos dedican el 3,3%, el Reino Unido el 3,2% y Alemania el 2%.

Por decirlo de otro modo, el problema de la falta de pisos de alquiler a precios razonables, asequibles, no hinchados por la escasez de oferta, no tiene solución si el Estado no asume un papel activo de regulador y promotor al mismo tiempo. Lógicamente, el desempeño de estas tareas obligará seguramente a repensar las políticas de suelo y ordenación del territorio. En todo caso, que nadie corra a condenar por izquierdoso este intervencionismo porque las más viejas y venerables democracias europeas lo practican desde hace muchas décadas.

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