Una incómoda proposición

Que el problema de la vivienda es uno de los temas cruciales de la actualidad es algo que nadie puede poner en duda. Unidas Podemos, atentos a cualquier grieta en el sistema con la que puedan aparecer como defensores de los más débiles, no dudó en presentar una iniciativa parlamentaria orientada a limitar los alquileres en nuestra comunidad. Ahora es nuevo motivo de litigio con el PSOE por la nueva ley de vivienda en el Congreso. Armengol y el PSIB- PSOE, en su tradicional estrategia populista de abrazar las nobles causas que les identifiquen como la verdadera izquierda, no dudaron en sumarse a la iniciativa de UP, aun siendo conscientes que tal ruta era como una calle sin salida. En efecto, sabían perfectamente que tal iniciativa debía ser autorizada por el Estado pues, aunque la autonomía tenga las competencias de vivienda (art. 148 de la C.E.), la legislación mercantil que puede afectar a los alquileres depende del Estado (art. 149 de la C.E.). También sabían que el PSOE se opondría a la iniciativa por varias razones; porque afectaría a todo el Estado y por su segura inconstitucionalidad, como explicitó detalladamente en este mismo periódico el catedrático de derecho José María Lafuente, por afectar a derechos fundamentales. Aun así, mantuvieron la fantasmagoría sempiterna que les permite ser como un Jano político, una cara orientada a sus votantes nacionalistas y la otra a los «españolistas», que tanto juego les ha dado. Sabían que el escenario del Congreso estaba cantado. Así fue, y el diputado Pere Joan Pons (nacionalista pata negra) subió a la tribuna en nombre del PSOE para oponerse a lo que sus compañeros de partido habían defendido en Balears. Y no se cortó ni un pelo, como es habitual en un partido que siempre dice una cosa en Balears y otra en Madrid, para gran escándalo, impostado también, de los podemitas. Limitar los alquileres, más allá de su ilegalidad, sólo tendría como consecuencia la creación de un mercado negro.

Todo lo cual no empece para tratar de entender qué está ocurriendo con el alquiler de viviendas en nuestras islas, un problema de primer orden ante el que nuestras instituciones se muestran incapaces, más allá de marear la perdiz con propuestas ilegales o directamente estrambóticas, como la de edificios de contenedores auspiciadas por Neus Truyol, Més y el propio alcalde Hila en el ayuntamiento de Palma, directamente copiada de Ada Colau en Barcelona, inmediatamente desechada por Armengol. Algunas voces desde el Govern sugieren que ante la falta de vivienda para trabajadores del sector turístico sean los propios hoteleros los que se ocupen de facilitarla. Pero la realidad es que la falta de vivienda en alquiler afecta a todos los sectores, no solamente el privado, especialmente en Mallorca, Eivissa y Formentera, a los funcionarios en la sanidad, educación, o policía, lo que aplicando el mismo rasero que a los hoteleros, obligaría a la propia administración tanto central como autonómica, un pez que se muerde la cola.

Es obvio que un problema de estas dimensiones no puede resolverse en un pis pas, especialmente si se conjetura que la solución en el largo plazo descansa en la construcción de vivienda pública a un ritmo muy superior al demostrado hasta la fecha. Lo primero que se debería analizar es el porqué del alto precio de los alquileres y del porqué del bajo número de viviendas en este mercado. Unas posibles causas, quizá no las más importantes, pero reales, además de la inflación y de otras consecuencias de la pandemia son, la necesidad de actualizar ingresos por el aumento de los costes para los propietarios y también el temor a las ocupaciones. Se da el caso de inquilinos que han dejado de pagar los alquileres debido a una pobreza sobrevenida y se han convertido en okupas en contra de su voluntad, por carecer de alternativas; para los propietarios, muchos de los cuales dependen de estos alquileres, el procedimiento de desalojo es costoso y dilatado en el tiempo, con una justicia lenta y precaria. En otros casos más graves de ocupación, los de la propia residencia ocupada, se ven obligados a residir auxiliados por familiares o incluso en hoteles.

Lo que no tiene sentido es que el Gobierno no resuelva el problema de las ocupaciones, sea porque Unidas Podemos está en contra de que se arbitren medidas legales para proceder a los desalojos que devuelvan las viviendas a sus legítimos propietarios o por cualquier otra razón electoralista que explique la criminal inacción de los poderes públicos. Es cierto que tanto el artículo 39 como el 47 de la C.E. aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia y el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Pero asegurar estos derechos corresponde a los poderes públicos. Es de todo punto inconstitucional que tanto el Gobierno autonómico como el del Estado pretendan que estos derechos y sus consiguientes importes económicos sean sufragados, no por quienes según la C.E. están obligados, los poderes públicos, sino por los propietarios. Por tanto, no porque así se resuelva el problema, sino para que se minimice algo, se requiere el compromiso del Estado para hacer cumplir la C.E. Si el Gobierno no quiere, por las razones que sea, proceder a los cambios legislativos que acaben las ocupaciones, sean de inquilinos que no pagan, sean otras más salvajes, que compense económicamente a los propietarios. Para incentivar la puesta en el mercado de alquiler a viviendas desocupadas, la solución no puede ser la imposición de multas a las mismas, sino arbitrar ayudas escalonadas al alquiler, no sólo a jóvenes sino a todas las familias con ingresos inferiores a unas determinadas rentas. Vamos a entrar, si no estamos ya, en plena campaña electoral, veremos si los partidos se escaquean de esta cuestión central, como se van a escaquear de la imprescindible reforma del sistema electoral, o se van a comprometer con soluciones. Van a intentar obviarla argumentando el coste económico que la solución justa a este problema requiere. La obligación prioritaria del Estado es ayudar a los más vulnerables, y si eso obliga a obviar otras obligaciones o necesidades en los presupuestos, lo lógico es hacerlo. El que los trabajadores que pagan las pensiones tengan incrementos salariales muy inferiores a los incrementos de aquellas indican por dónde irán los tiros: el interés de los partidos en contra del interés del Estado.

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