A medida que va finalizando el periodo estival, el horizonte del regreso a la vida cotidiana se presenta ante el ciudadano en unas condiciones que no le permiten acomodarse en la rutina y que le obligarán a mantener una permanente actitud de vigilancia y esfuerzo para satisfacer sus necesidades básicas. Esta realidad, la carestía de los bienes y servicios esenciales, se ha instalado en el conjunto de la sociedad española pero, en el caso de Baleares, presenta unas condiciones y características que la hacen especialmente gravosa y aconsejan medidas y políticas atenuantes que ya no pueden dilatarse más en el tiempo.

Esta semana hemos conocido –ayer lo publicaba este periódico– cómo Canarias y Baleares lideran con ventaja el encarecimiento de la vivienda en España. La subida experimentada en las islas es del 7,9%, lo cual las sitúa solo en un 9,4% inferior a la tristemente famosa burbuja inmobiliaria. Para que se vea el abismo entre archipiélago y península basta decir que el recorte medio en España es, ahora mismo, del 30,2%

Es, además, una vivienda de lujo, destinada y demandada preferentemente por un cliente extranjero de alto poder adquisitivo, lo cual deja al mallorquín medio sin posibilidad de competir a la hora de comprar una casa. El residente estable debe conformarse con viviendas de segunda mano o rehabilitación de inmuebles, preferente en la Part Forana. La gravedad de la situación se acentúa con el alquiler porque, con la alianza de la pandemia, sigue teniendo preferencia por uso vacacional y aún hay que añadir la contribución al recalentamiento del mercado que hace la escasez de oferta de vivienda pública.  Los pequeños avances logrados en los últimos tiempos en este último aspecto son apenas perceptibles.

No se trata solo de conseguir casa. También hay que ver cómo mantenerla y los recursos domésticos necesarios para hacerlo. Los salarios, el precio del alquiler y en las últimas semanas el recibo de la luz, no son buenos aliados para esta tarea y este derecho de satisfacer con holgura y dignidad las necesidades básicas. El ciudadano recibe cada día una alarma de parte de la Administración en el sentido de que «el precio de la electricidad vuelve a alcanzar su máximo histórico». Maniatado por la necesidad de consumo de energía, se enfrenta a unas tarifas complejas sin capacidad de reacción. Ante la presión creciente, PSOE y Podemos registraron el viernes en el Congreso la petición de una comisión no permanente «para estudiar el precio de la luz y la mejora del sistema eléctrico» y que además, «concilie la sostenibilidad ambiental con la justicia social y la competitividad de la economía». Buenas palabras que, de momento, a nada comprometen pero sí necesitan traducirse en soluciones rápidas y eficaces.

Por otro lado, es verdad también que el turismo ha colocado en agosto a Baleares en posición de líder de la creación de empleo en España duplicando la media estatal. Es un dato positivo pero también una ocupación que se caracteriza, sobre todo, por la precariedad de salarios y la temporalidad, dos características que no le van a permitir contribuir a la estabilidad de las doloridas economías domésticas. El sector estratégico, el turismo, no aporta los elementos suficientes de sustento familiar a quienes con su esfuerzo laboral le dan robustez. Es una realidad que requiere corrección urgente.