El GOB pide a Sánchez que recurra ante el Constitucional el decreto de simplificación de Prohens para suspenderlo: "Es un abuso de poder"

La organización ecologista GOB Mallorca pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que recurra ante el Tribunal Constitucional el decreto de simplificación administrativa del Govern para provocar su suspensión y conseguir así frenar lo que consideran "un abuso de poder" del Ejecutivo de Marga Prohens.

La entidad remitirá al Gobierno central una carta con la argumentación jurídica necesaria para solicitar el recurso de inconstitucionalidad, y que fundamentan en la vulneración de los "principios de igualdad, seguridad, no regresión y protección ambiental".

Estas son las claves del nuevo Decreto Ley de Simplificación Administrativa

El GOB recuerda que el texto del Govern , que será convalidado este martes en el Parlament, modifica más de 50 normas y contempla, entre otras medidas, la regularización de construcciones ilegales ya prescritas, la desaparición de la Comisión Balear de Medio Ambiente o la posibilidad de que los ayuntamientos creen aparcamientos en cualquier tipo de suelo, incluido el rústico, durante periodos de saturación. De este modo, los ecologistas consideran que el decreto ley no persigue una "simplificación administrativa", tal y como defiende el Ejecutivo balear, sino "la pura desprotección de los valores territoriales de las islas".

Legalizaciones "completamente opacas"

Asimismo, el GOB se personará en los ayuntamientos como parte interesada en todos los expedientes de legalización de construcciones en rústico que se puedan tramitar a raíz de este decreto y critica que estos procedimientos serán "completamente opacos" al llevarse a cabo sin pasar por comisiones y sin informes de otros organismo.

En este sentido, el GOB ha expresado sus "sospechas de fraude" en expedientes de legalización con esta "nueva amnistía". "No se puede permitir un nuevo coladero de ilegalidades que premie las infracciones y permita, aún más, que los especuladores hagan negocio a costa de nuestro dañado territorio", han protestado los ecologistas.

Por ello, al personarse en los procedimientos el GOB busca que se le tenga que dar traslado de todos los expedientes, recordando que un informe del Defensor del Pueblo ha avalado que tiene derecho a acceder a ellos.