El Govern ratifica la amnistía urbanística para las edificaciones ilegales en suelo rústico
El vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa, justifica esta decisión ante "la necesidad de ofrecer una salida" en aquellos casos donde la infracción haya prescrito
El decreto de simplificación administrativa permitirá externalizar la concesión de licencias urbanísticas y suprimirá la Comisión de Medio Ambiente
El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Antoni Costa / CAIB
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El Govern de Marga Prohens ha ratificado la amnistía urbanística que se aplicará en aquellas edificaciones ilegales construidas en suelo rústico cuyas infracciones hayan prescrito. Una medida recogida en el borrador del decreto de simplificación administrativa presentado esta mañana por el vicepresidente del Ejecutivo y conseller de Economía y Hacienda, Antoni Costa. "Es una de las disposiciones que se incluyen en este proyecto. El Govern no modifica la legislación vigente, pero consideramos que si la infracción ha prescrito no podemos mirar hacia otro lado y ofrecemos una salida" ha expresado Costa.
Asimismo, el también portavoz del Govern no ha descartado que las construcciones amnistiadas pudieran destinarse a aquiler turístico. "Veremos, lo que no se podrá restringir es que estas edificaciones pudieran destinarse a la venta, pero en el caso del alquiler turístico se tiene que decidir, aunque lo más probable es que no se permita".
En este sentido, ha recalcado que el Ejecutivo si tiene potestad para vetar que se destinen a este tipo de alquileres aunque no ha querido confirmar que se vaya a aplicar. En relación a cuestiones urbanísticas, este decreto tambien permitirá externalizar la concesión de licencias a entidades homologadas en los diferentes ayuntamientos para agilizar los trámites.
Comisión de Medio Ambiente
El nuevo decreto de simplificación administrativa también suprime la Comision de Medio Ambiente. Según ha detallado Costa, a partir de ahora los informes de impacto medioambiental se realizarán a través de un órgano unipersonal con el objetivo de "responder a criterios estrictamente técnicos y no políticos". Por otro lado, el Govern también incluye en este decreto la privatización de las ITV por parte de los Consells insulares para "agilizar los servicios"
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