Estas son las claves del nuevo Decreto Ley de Simplificación Administrativa

Regularización de las construcciones ilegales pero que ya han prescrito; desaparición de la Comisión Balear de Medio Ambiente; posibilidad de que los ayuntamientos creen aparcamientos temporales en cualquier tipo de suelo, incluido el rústico, durante las épocas de mayor afluencia de turistas; y la opción dad de pasar la ITV en empresas privadas, son algunas de las medidas que el Govern ha incorporado en el decreto ley de simplificación y racionalización administrativa que ha aprobado hoy.

El Govern ratifica la amnistía urbanística para las edificaciones ilegales en suelo rústico

El objetivo de este texto que modifica unas 50 leyes y decretos es, según el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, que «el exceso de burocracia deje de ser un obstáculo para los ciudadanos» y que «la Administración sea un aliado y no un problema». Se trata de simplificar la normativa y los trámites y de apostar por la digitalización, insistió.

La medida ha sido ya duramente criticada desde el PSIB. Su portavoz, Iago Negueruela, ha destacado su aprobación sin diálogo ni consenso, y además sin datos. Además, considera que la legalización de construcciones irregulares en suelo rústico, que calificó de «la más importante de la historia», pone en juego el futuro de las próximas generaciones.

Desde Més, Lluís Apesteguía anuncia que combatirá esta norma desde todos los frentes y la califica de «vergüenza» y de llenar Mallorca «de cemento».

Regularizar casas ilegales

Entre las novedades que este decreto ley incorpora está la posibilidad de regularizar la situación de las construcciones ilegales pero sobre las que ya no se podía actuar por haber prescrito, para lo que se dispondrá de un plazo máximo de tres años.

A cambio, los propietarios deberán pagar las mismas tasas e impuestos que en las nuevas edificaciones, y además una penalización del 10% del valor del inmueble si éste se regulariza durante el primer año, del 15% si es en el segundo y de un 20% en el tercero. Sin embargo, en el caso de las rentas inferiores a los 33.000 euros anuales habrá una bonificación del 50% a través del impuesto sobre la renta, y del 25% cuando no se pase de los 52.800 euros.

Un aspecto sobre el que se hace hincapié es que las viviendas legalizadas por esa vía «nunca» podrán dedicarse al alquiler turístico, según remarco Costa. Tampoco se podrán regularizar las instalaciones ilegales dedicadas a hoteles rurales o agroturismos, las que se encuentren en zonas de expropiación o en las de dominio público, entre otras.

ITV en empresas privadas

El decreto ley también contempla la posibilidad de que los Consells Insulars permitan que empresas privadas hagan las revisiones de la ITV, con el fin de paliar las esperas que ahora se registran en las instalaciones ya existentes.

Nuevo colapso en la ITV de Mallorca, que acumula retrasos de hasta cuatro meses

Costa ha señalado que deberán ser estas Administraciones locales las que determinen si en estos casos se podrá cobrar algo más al cliente que en las estaciones de inspección ya existentes, aunque dio como seguro que siempre serán precios regulados.

Parkings temporales

Otra de las medidas incluidas es la de permitir a los ayuntamientos que creen en cualquier tipo de suelo, sea rústico o no, y tanto en público como en privado, aparcamientos temporales (un máximo de ocho meses al año) durante los periodos de mayor afluencia turística, con el fin de que sean zonas disuasorias en las que dejar el automóvil para luego desplazarse en vehículos públicos lanzadera hasta los lugares que se quiera visitar, ya sean puntos de la costa, pueblos o el centro de las ciudades. Estos espacios deberán contar con estructuras provisionales que puedan retirarse para que el lugar pueda recuperar su estado original.

Un aspecto destacado es que en el caso de los terrenos privados se deberá contar siempre con la aceptación del propietario, con el que podrán acordarse fórmulas de compensación como si fuera un alquiler.

Comisión medioambiental

En el decreto ley se suprime la Comisión Balear de Medio Ambiente, que deja de funcionar como un órgano colegiado y se transforma en un departamento cuyos informes pasan a ser estrictamente «técnicos», según ha subrayado Costa, que ha añadido que ese sistema está en vigor en otras autonomías y en el Gobierno central.

Este órgano se integrará en la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, y sus técnicos serán los mismos que estaban en la comisión que desaparece.

Licencias tramitadas por entes privados

También se abre la puerta a que los Ayuntamientos, de forma voluntaria, puedan externalizar en entidades colaboradoras urbanísticas (ECU) la emisión de los informes técnicos y jurídicos en la tramitación de las licencias, con el fin de poner fin a las elevadas demoras que se registran en algunos municipios.

En cualquier caso, se trata de abrir una doble vía, ya que esos pasos se podrán mantener en manos de los técnicos municipales, y los alcaldes podrán reclamar una revisión de los expedientes realizados por las citadas entidades privadas.

Historial social único

En el caso de los servicios sociales, se crea un historial social único, es decir, un registro unificado que, por ejemplo, facilitará el acceso a las diferentes ayudas. También se evitan duplicidades en la documentación exigida.

Transición energética

Se establece la declaración de interés general para agilizar proyectos de transición energética, como puntos de recarga de coches eléctricos.

También se eleva de 100 a 500 kilovatios las instalaciones de placas fotovoltaicas que quedan exentas de la autorización administrativa previa. Se agiliza el pago de subvenciones con una simplificación de las comprobaciones.

Guía de simplificación

Se contempla la aprobación de una guía de simplificación para todas las Administraciones de las islas.