La Fiscalía mantiene abierta la investigación por el caso Campos contra el director general de Emergencias del Govern
Anticorrupción indaga si Sebastià Sureda, alto cargo del Govern, incurrió en delito urbanístico y prevaricación
Sebastià Sureda, director general de Emergencias. | PARLAMENT / m.ferrer/ B.palau. palma
La Fiscalía Anticorrupción de Balears mantiene abierta la investigación que afecta directamente al actual director general de Emergencias del Govern, Sebastià Sureda, entre otras personas, en el llamado caso Campos. La Oficina Anticorrupción trasladó en noviembre pasado su propia investigación ante el Ministerio Público, que le solicitó copia del expediente y ahora tramita sus diligencias preprocesales.
La Oficina Anticorrupción de Balears, que el Govern del PP acaba de clausurar, acusa a Sureda de encabezar una trama de corrupción urbanística en Campos desde 2015, como antiguo concejal responsable de esta área. Atribuye al alto cargo del PP la figura delictiva de «prevaricación urbanística», por permitir a sabiendas que una veintena de negocios operen sin licencia y de forma «clandestina» en el polígono industrial de Campos, sito en la entrada al pueblo desde la autopista de Palma. Algunas naves están construidas ilegalmente en suelo rústico y a plena actividad.
La importancia de Sebastià Sureda en el entorno de la presidenta del Govern supera su rango estricto de director general. El todavía concejal de Campos fue socio del padre de Marga Prohens en una gestoría de la localidad.Como tal, forma parte del núcleo duro del sur de Mallorca que el PP ha instalado en el Ejecutivo balear y en el Consell. El hecho de que la Oficina Anticorrupción tramitara esta investigación para esclarecer si hay un entramado de corrupción urbanística en el pueblo de la presidenta, a raíz de la denuncia de un particular, ha sido crucial para forzar el cierre del organismo. Vox, el propio socio del PP, así lo corrobora aunque también ha apoyado la clausura.
Una vez trasladada la investigación al Ministerio Público, esta ha recaído en el fiscal Anticorrupción Juan Carrau, que tras las pesquisas puede acordar interponer una querella ante los juzgados formulando la correspondiente acusación, o bien archivarla por considerar que los indicios no son suficientemente incriminatorios.
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