El plan lingüístico no se aplicará si el equipo directivo del centro no quiere

El plan lingüístico que implantarán PP y Vox en las escuelas de Baleares no se aplicará si los equipos directivos no lo proponen en sus centros. Así lo explicó ayer el conseller de Educación, Antoni Vera, en una rueda de prensa en la que subrayó que la voluntariedad del plan se dirige a los centros, no a las familias, y que por tanto «no es un derecho» de los padres o de los alumnos acceder a este plan.

La idea de Vera ayer era presentar ante los representantes sindicales el primer borrador del plan en la Mesa Sectorial de Educación. Sin embargo, el conseller tuvo que recular ante las protestas de los sindicatos, que exigieron retirar de la orden del día los puntos que hablaban sobre el plan lingüístico y sobre comisiones de servicios argumentado que no se había avisado en tiempo y forma de que se hablaría sobre estos temas. Vera se mostró muy convencido minutos antes de entrar a la reunión y aseguró que su intención solo era explicar el plan: «Después daremos el tiempo necesario para que se hagan las enmiendas necesarias y luego, habrá otra reunión para debatir el plan piloto. No viene de un día o dos», argumentó.

Sin embargo, Vera acabó cediendo y excluyó, ante las quejas de los sindicatos, estos puntos de la orden del día. El conseller tendrá que esperar hasta la próxima reunión, convocada el jueves por la mañana, para explicar a los sindicatos el despliegue de la propuesta en los centros.

Estos dos asuntos, plan lingüístico y comisiones de servicios, eran precisamente los más polémicos de la reunión. Antes de comenzar, preguntado por los medios, el conseller recordó que en la enseñanza pública serán los equipos directivos quienes propondrán aplicar el plan, que tendrá que pasar por el visto bueno del claustro de docentes y del Consell Escolar.

La escuela concertada, en cambio, lo tendrá más fácil: bastará con que los profesores y el Consell Escolar estén informados, pero no se someterá a votación. En cualquier caso, Vera remarcó que la decisión de proponerlo queda en manos de los equipos directivos: podrán no plantearlo si así lo consideran.

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El conseller admitió que, bajo estas condiciones, serán muchos centros los que decidan no adherirse al plan, y de hecho animó a las escuelas y colegios a continuar con su proyecto lingüístico «si les funciona bien» y si el claustro está de acuerdo.

Del mismo modo, reconoció que disponer de espacio suficiente en el edificio es un requisito indispensable para sumarse al plan: «Hay centros que les viene justo desdoblar en cuarto de la ESO, especialmente en los concertados pequeños», señaló.

Aun así, Vera insistió una vez más en que «no se separará» ni segregará a los alumnos, sino que se utilizarán las metodologías y las horas que determine cada centro educativo. Puso el acento en los «grupos flexibles» y «desdoblamientos» y subrayó que el plan piloto da «libertad» a los centros para que presenten sus propuestas: «Configurarán el plan voluntario que ellos quieren», aseguró.

Ante las quejas de gran parte de la comunidad educativa, Vera garantizó que otras necesidades de los centros educativos, como la atención a la diversidad, las infraestructuras o el transporte escolar se queden sin cubrir por culpa de los recursos que destinen al plan lingüístico.

Precisamente ayer, después de la Mesa Sectorial, la Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (Coapa) de Baleares tildó el plan lingüístico de «aberración pedagógica» y aseguró que «no tiene ningún tipo de sentido», rechazando frontalmente su aplicación en los centros educativos.

La presidenta de FAPA Mallorca y Coapa, Cristina Conti, acudió a la reunión con una camiseta verde con el lema ‘La llengua no es toca’ y consideró ante los medios que los 60 millones que se destinarán al plan lingüístico se deberían dedicar a «centros y niños»: «Esta no es forma de cuidar las escuelas y a los docentes», lamentó.

Conti descartó plantear movilizaciones por el momento, pero indicó que trabajan con la Xarxa Educativa per la Llengua para extender la campaña informativa, dirigida a las familias, en la que se reivindica que el sistema educativo actual «trabaja para garantizar el aprendizaje y el uso de las dos lenguas por igual». Por su parte, la representante de Fampa Menorca, Mónica Llera, pidió que «no se recorten los derechos de los niños», que son «los que necesitan aprender las dos lenguas de alguna manera».