Más de un millón de mascarillas del caso Koldo llevan dos años caducadas
El 95% del material quedó inservible entre marzo y abril de 2022, asegura el IB-Salut
Solo 79.600 cubrebocas son utilizables durante un año más
Las mascarillas que el Govern del Pacto compró a la empresa que hoy protagoniza el caso Koldo llevan casi tres años en un almacén del IB-Salut.
Las mascarillas que la empresa que hoy protagoniza el caso Koldo vendió al Govern del Pacto y que están almacenadas en cajas en el Servicio balear de Salud (IB-Salut) llevan dos años caducadas. El pedido de 1.480.600 mascarillas entregado por Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas –la sociedad por la que intermedió Koldo García, el entonces factótum del exministro socialista José Luis Ábalos– llegó a Mallorca el 29 de abril de 2020. Costó 3,7 millones de euros.
El grueso del lote no llegó a repartirse entre el personal sanitario al que iba destinado, tras detectarse que el material recepcionado no se correspondía con el solicitado. Los responsables del IB-Salut del anterior Govern de izquierdas acordaron almacenarlo. Y ahí sigue, ahora ya sin poder dar servicio.
La reclamación formal ante la empresa no llegó hasta tres años después, justo cuando el PSOE tuvo que ceder el relevo al PP en la presidencia de Baleares. Entretanto la mayor parte de las mascarillas ya habían caducado: Los dos lotes principales contienen 600.000 mascarillas cada uno, y lo hicieron entre «el 9 de marzo y el 29 de abril de 2022», se cumplen ahora dos años, aseguran desde el IB-Salut, ahora en manos de gestores del PP. Una partida de menor cuantía, «modelo HY-95», expiró hace un año, «el 9 de marzo de 2023».
Una de las mascarillas que el Govern del Pacto compró a la empresa que hoy protagoniza el caso Koldo llevan casi tres años en un almacén del IB-Salut. / DM
La caducidad afecta al «95 por ciento» del material, señalan las citadas fuentes. A día de hoy, del casi millón y medio de mascarillas suministradas solo «79.600 del modelo Uhealth» conservan su vida útil hasta «el 25 de marzo de 2025». El resto resulta inservible como barrera de protección frente a virus, al haber perdido su efectividad en 2022, explican en el IB-Salut. La anterior dirección del organismo era perfectamente conocedora de las fechas de caducidad, según consta documentalmente.
La ahora polémica compra de estas mascarillas está generando un considerable revuelo político. El anterior Govern capitaneado por Francina Armengol adquirió los 1,4 millones de cubrebocas a la empresa ahora en la picota tras el ofrecimiento del ministerio de Fomento, entonces en manos de Ábalos. Era el inicio de la pandemia y a todas las Administraciones les urgía dotar a los profesionales sanitarios de la máxima protección, tal y como exigía la OMS.
La empresa sugerida desde el Ministerio, Soluciones de Gestión, está hoy investigada por la Audiencia Nacional por presuntamente formar un entramado de tráfico de influencias y cobro de comisiones, con el papel clave de Koldo García para contratar con instituciones gobernadas por el PSOE.
A raíz de estallar el caso judicial, ha trascendido que nada más llegarle los 1,4 millones de mascarillas el Govern del Pacto fue advertido de deficiencias, por lo que procedió a retirarlas de los centros de salud. En marzo del año pasado, en la antesala de las elecciones –y cuando el IB-Salut ya sabía que habían caducado–, reclamó in extremis a Soluciones de Gestión la devolución de 2,6 millones de euros. El motivo: «Haberse detectado que las mascarillas suministradas no cumplen con los requerimientos técnicos de una mascarilla FFP2», que era lo contratado. El dato más llamativo de este procedimiento es que la resolución formal se firma el 6 de julio, justo el día en el que Marga Prohens salió elegida nueva presidenta del Govern balear.
Desde el PSOE niegan cualquier irregularidad en el contrato, y recalcan que en ese momento era «imposible» pensar que la mano derecha de Ábalos fuera un comisionista o participara en una trama corrupta, como sostiene ahora la Fiscalía. Recalcan también el hecho de haber reclamado. Mientras, el PP ve más dudas que respuestas y exige explicaciones.
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