Las empresas reclaman medidas para que los pisos baratos que impulsa el Govern también sean rentables

El sector inmobiliario reclama al Ejecutivo balear que de «un tercer paso» en las iniciativas que está diseñando para que el plan de construir para alquilar permita obtener un beneficio del 7% al 10%

Nueva promoción de viviendas en Palma

Nueva promoción de viviendas en Palma / DM

Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

El plan del Govern para impulsar la edificación de vivienda en alquiler a precio accesible ha dado dos pasos positivos, pero necesita de un tercero para ser viable, del que va a depender en buena medida su éxito o su fracaso, según se pone de relieve desde la asociación de promotores inmobiliarios de Balears y desde el Colegio Oficial de Aparejadores de Mallorca. Desde ambos organismos se apunta que es muy bueno que los ayuntamientos pongan suelo propio y gratuito a disposición de la iniciativa privada para ayudar en el citado objetivo, y que el alquiler que van a tener que pagar los inquilinos sea accesible para la mayoría de las familias. Pero se señala que el tercer paso pendiente es fundamental, y consiste en garantizar que las empresas privadas que deseen participar en estos proyectos van a obtener una rentabilidad. Para ello, se reclama de la conselleria de Territorio la apertura de contactos entre ambas partes para abordar el diseño de esta ‘tercera pata del taburete’.

La consellera Marta Vidal presentó hace pocos días el plan para que los ayuntamientos pongan a disposición de la iniciativa privada, con la mediación del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), suelo que sea de su propiedad y que no se haya desarrollado, para que promotores edifiquen vivienda para alquilar a precio de protección oficial.

Abrir el debate

La cesión de suelo público gratuito para edificar nuevas viviendas en alquiler es aplaudida desde las empresas promotoras, y se defiende que el precio esté limitado para asegurar que va a poder ser asumido por la mayor parte de los residentes. Pero el presidente de su patronal, Luis Martín, destaca la necesidad de abrir un debate sobre las medidas adicionales que se deben de adoptar para que la participación en estos proyectos de las empresas locales vaya acompañada del correspondiente beneficio. Este representante del sector subraya que bastaría con que ese margen se moviera entre el 7% y el 10%, frente al 20% que se busca en los proyectos con mayor riesgo en el marcado libre.

Luis Martín, presidente de la asociación balear de promotores

Luis Martín, presidente de la asociación balear de promotores / B.RAMON

El presidente del Colegio de Aparejadores de Mallorca, Luis Alfonso de León, respalda que «es evidente que si los planes del Govern no permiten un cierto margen de rentabilidad para las empresas promotoras, éstas no se van a implicar».

Por ello, Martín pone de relieve que «tras dos primeros pasos muy positivos, ahora falta dar el tercero», y en este sentido señala que se van a mantener encuentros con los responsables de la Conselleria para buscar posibles fórmulas que hagan posible la obtención del citado beneficio, contando como ejemplo las iniciativas que en este sentido se han dado en Madrid o en Cataluña.

Luis Alfonso de León, presidente del Colegio de Aparejadores de Mallorca

Luis Alfonso de León, presidente del Colegio de Aparejadores de Mallorca / B.RAMON

Actuación en Cataluña y Madrid

Aunque se apuntan como simples ideas y se abre la posibilidad de analizar cualquier propuesta dirigida en la dirección antes señalada, se recuerda que en Cataluña se conceden ayudas a los promotores que impulsan la vivienda de protección oficial, con cantidades económicas en relación a los metros cuadrados edificados.

Se reconoce que la financiación pública en este apartado debe de ser limitada (hay que recordar que los Consistorios ya ponen el suelo), pero se señala que esos fondos deben tener como objetivo compensar en parte unos costes de construcción que no han dejado de crecer.

En el caso de Madrid, se recuerda que se estas probando nuevas fórmulas, y una de las últimas ha sido la de ofrecer terrenos municipales en venta a las promotoras para que edifiquen en ellos y durante los primeros 15 años los destinen a alquiler barato, para luego poder disponer de libremente de esos inmuebles para venderlos o mantenerlos en alquiler pero a precio de mercado.

En cualquier caso, también se hace hincapié en la urgente necesidad de que se agilice la tramitación de licencias, para que éstas se obtengan en los tres meses que marca la ley y no tras las actuales esperas que pueden superar el año.

La importancia del suelo

Tanto promotores como aparejadores ponen de relieve la importancia que tiene que en este momento se ofrezca a las empresas del sector suelo gratuito o asequible para impulsar viviendas con precios más ajustados (de ahí la insistencia en facilitar el desarrollo de los urbanizables que llevan años paralizados), ante el altísimo valor que han alcanzado los solares en manos privadas.

En este aspecto, se recuerda que antes de la crisis de 2008, cuando se obtenía un solar por permuta, el promotor entregaba al propietario de los terrenos entre un 20% y un 25% de los metros cuadrados construidos, mientras que ahora el coste que supone el suelo supera el 33% de los ingresos que va a obtener la empresa promotora, y hay zonas con demanda de alto poder adquisitivo en las que ese porcentaje puede llegar al 50%, lo que hace inviable la vivienda asequible.

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