Los 20 millones para la segregación acaban en manos de Sánchez

Los 20 millones de euros destinados a la segregación lingüística han acabado, de momento, en manos de Pedro Sánchez. En este sentido, el Govern ha cometido un error técnico a la hora de registrar la partida y, en lugar de destinarla a la conselleria de Educación, la ha transferido a la Administración General del Estado. Una equivocación que se puede subsanar, pero que de momento hace que la partida presupuestada quede fijada en los gastos vinculados al Ejecutivo Central.

La enmienda de los 20 millones de euros para aplicar la segregación lingüística durante el primer cuatrimestre del próximo curso fue presentada por Vox. No obstante, dicha enmienda ha sido aprobada en los Presupuestos sin ningún cambio, por lo que se ha mantenido dicho error.

Una propuesta, la de la formación ultraderechista, que ya es una realidad y que ha sido muy criticada por parte de los docentes. Así, miembros de la Xarxa Educativa per la Llengua, de la que forman parte la Obra Cultural Balear (OCB) y sindicatos como CCOO y UGT, acudieron ayer a las votaciones para mostrar su descontento. Incluso lanzaron un comunicado pidiendo que los 20 millones presupuestados se destinen a necesidades «reales» de los centros educativos.

Asimismo, manifestaron que rechazan dicho plan firmado por PP y Vox y reprocharon que ha sido «acordado de espaldas a la comunidad educativa y perpetrado de la mano de grupos ajenos o poco representativos del mundo educativo, caracterizados por su animadversión a la lengua y cultura».

En esta línea, lamentaron que se opte por una modificación del modelo lingüístico educativo vigente en los últimos 25 años, denominado de 'conjunción lingüística'. Así, la Xarxa Educativa remarcó que este modelo «no es de inmersión lingüística, como erróneamente se ha dicho en alguna ocasión». Las entidades educativas insistieron en que «no se ha contado con el consenso de una mayoría política y social amplia» y que «se ha cedido a las obsesiones contra la lengua propia de una minoría política, que con sus políticas de odio supone una amenaza seria para la convivencia».

Por otra parte, señalaron que el ‘Plan Vera’ resulta «imposible de conciliar con el principio de no segregación de los alumnos por razones de lengua» y que, por esta razón, consideran que «atenta contra la cohesión social y abre la puerta a la fractura y división de la sociedad en dos comunidades lingüísticas diferenciadas».

Igualmente, hicieron hincapié en que todos los datos indican que «sólo si el alumno ha sido escolarizado con el modelo lingüístico educativo vigente, al acabar el periodo de escolarización obligatoria puede lograr un dominio total y equivalente de las dos lenguas oficiales». Por ello, creen que aumentar la presencia del castellano y reducir la de la lengua catalana «impide el logro de este objetivo esencial y perjudica el alumnado que no tiene el catalán como lengua inicial», puesto que limita su inserción en el mundo social y laboral en condiciones de igualdad, explicaron.

Desde la Xarxa Educativa per la Llengua están convencidos de que el ‘Plan Vera’ abre la puerta de la «conflictividad» en los centros educativos en caso de discrepancia entre las familias, los claustros de profesorado y las direcciones de los centros sobre la conveniencia o no de modificar sus proyectos lingüísticos para acogerse voluntariamente al Plan.

En relación con la partida asignada en los Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el primer trimestre de 2024, de 20 millones de euros, manifestaron su contrariedad e indicaron que supondrá un total de 60 millones para el curso escolar completo.

Según la Xarxa Educativa per la Llengua, esto se traduce en destinar recursos a «satisfacer los caprichos ideológicos de la extrema derecha en lugar de destinarlos a necesidades más perentorias, históricamente desatendidas en la comunidad educativa». Así, mencionaron como necesidades la mejora y el mantenimiento de las infraestructuras, la eliminación de barracones, las equipaciones y la climatización de las aulas, el incremento de las plantillas docentes, la bajada de ratios, la mejora de la inclusión educativa y las becas, entre otras. Los docentes exigen que dichos recursos se destinen a las necesidades reales.