El Govern se dispone a dar a Vox los 20 millones para la segregación lingüística

El Govern empieza a recular ante el órdago de Vox y se dispone a dar a su socio los 20 millones de euros para aplicar la segregación lingüística durante el primer cuatrimestre del próximo curso. El vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa, mantuvo ayer una reunión con la cúpula de los ultraconservadores en la cual se acercaron posturas sobre esta cuestión. Un encuentro donde Vox volvió a dejar claro que no apoyará las cuentas autonómicas si no aceptan dicha cifra, por lo que el Govern empieza a asumir que deberá ceder para sacar los Presupuestos adelante. PP y Vox se emplazaron a cerrar los flecos pendientes durante este fin de semana.

El PP intenta así solventar la crisis con su socio y aprobar unas cuentas autonómicas que de momento han quedado en el limbo jurídico a una semana del debate en el Parlament. En este sentido, Vox había lanzado un ultimátum al Govern advirtiendo de que le tumbarían las cuentas si no recibían «como mínimo» los veinte millones para su medida estrella.

«Condición ‘sine qua non’»

«No apoyaremos los Presupuestos de esta comunidad autónoma si no se dota con veinte millones de euros al plan. Intento siempre ser muy claro: es una condición sine qua non», expresó el portavoz adjunto de los ultraconservadores, Sergio Rodríguez. No obstante, hasta ahora el Govern se había mostrado muy reacio a aceptar esta cifra argumentando que era muy complicado cuantificar una partida sin conocer el número de colegios que querrán aplicar la propuesta. «Se nos hace muy difícil concretar por necesidad una partida cuando todavía no sabemos los centros que se adherirán al plan piloto», defendió el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras.

El Govern, dispuesto a contentar a Vox con los 20 millones para la segregación lingüística y el tijeretazo a patronales y sindicatos

Tras una semana de tira y afloja entre ambas formaciones, Vox se ha mantenido firme en su postura de máximos tumbando el pasado jueves en comisión las cuentas previstas para las consellerias de Economía, Empresa y Educación, un hecho insólito en la historia del Parlament que supuso un toque de atención de cara a lo que puede pasar en la votación del próximo martes.

Toda una declaración de intenciones para mostrar el gran malestar de los de Abascal con el PP. «Necesitamos que nos traten como a un socio real, nos han invitado a jugar el partido en el tiempo de descuento. Para votar a favor se deberá renegociar aquellas partes que no han sido incorporadas y que ahora no existen», advirtió la portavoz Idoia Ribas. Así, ante esta situación de presión máxima para aprobar los presupuestos, con muy poco tiempo por delante para negociar y viendo que Vox no está dispuesto a ceder, el Govern ya ha empezado a cambiar el discurso y asume que tendrá que destinar 20 millones de euros para segregar a los alumnos por lengua.

El PP tumba los 20 millones de euros que exige Vox para la segregación lingüística en las aulas

Cambio de discurso

De hecho, este cambio de postura se apreció ayer por parte del portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, tras el Consell de Govern, reconociendo la propuesta de Vox como una posibilidad real. «¿Los 20 millones están encima de la mesa? Sí. Es evidente que esta partida puede quedar constituida en el presupuesto de la conselleria de Educación y a partir de aquí implantar la libre elección de lengua y ver cuál es el resultado final. Es una opción», admitió Costa.

El portavoz del Ejecutivo hizo una defensa a ultranza de su acuerdo con Vox, repitiendo en numerosas ocasiones que es el único socio del Partido Popular y recordando que el PP gobierna en minoría. Asimismo, Costa se mostró totalmente convencido de que llegarían a un acuerdo antes del debate. «No se plantea ningún otro escenario que la negociación y la aprobación de los presupuestos con Vox, estoy convencido de ello».

En relación a la eliminación de las subvenciones a patronales y sindicatos de Balears, otra de las exigencias por parte de Vox, desde el Govern defendieron que también «está encima de la mesa» aunque de momento no están dispuestos a aceptarla. Los ultraderechistas quieren suprimir la subvención de 100.000 euros destinada a CCOO, la de 100.000 euros a UGT, la de 50.000 euros a PIMEM y la de 150.000 euros a CAEB.

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