Educación da libertad a los centros para regular el uso de los móviles en las aulas

El Govern da total libertad a los centros de educación obligatoria de Balears, es decir, Primaria y ESO, para que regulen el uso de los teléfonos móviles en las aulas según crean conveniente. Una medida que se sustenta a través de un manual de instrucción sobre cómo gestionar dicha problemática y los límites que hay que establecer, y con el que el Ejecutivo autonómico ya está trabajando. Eso sí, remarcan, su aplicación será opcional, por lo que la pelota sigue en el tejado de los centros educativos.

El anuncio lo hizo ayer el conseller de Educación, Antoni Vera, tras reaccionar a las palabras de su homóloga en el Ministerio, Pilar Alegría, quien aseguró que se pondrá coto a la utilización de los smartphones en horario lectivo. Vera salió al paso aseverando que el Govern ya se ha adelantado a Madrid y está trabajando en la redacción de un borrador donde se dan las claves de cómo y cuándo se deben usar los teléfonos móviles en los centros escolares del archipiélago y sus respectivas restricciones.

Un documento que, según el presidente de la Asociación de Directores de Educación Secundaria de Mallorca (Adesma), Joan Ramon Xamena, desconocía de su existencia. «Primera noticia que tengo», sostuvo, al tiempo que respaldó la medida: «Es positivo contar con una normativa autonómica que marque la línea a seguir, como en Francia por ejemplo, pero hay que ver cómo lo hacen y qué dice».

En la misma línea se pronunció Laura Moyà, propulsora de un movimiento en Telegram para retrasar «lo máximo» la edad a la que tienen los jóvenes su primer móvil. Defendió estar de acuerdo con el contenido de la medida («coincide con nuestros objetivos principales: limitar el uso de los dispositivos inteligentes entre los menores») , pero falta concretar cómo se redactará. 

Una cuestión que también preocupa a Cristina Conti, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Mallorca (FAPA). Según explica, la problemática es patente pero la solución no: «No sabemos si hay que prohibir o educar de otra manera».

Desde el Govern hicieron hincapié en que se trata de un borrador en el que aún están trabajando y que deberá ser consensuado con las mesas sectoriales de educación de las islas en las que se incluyen a sindicatos y directores. Es decir, «no hay nada definitivo». Según los cálculos del Ejecutivo balear, la propuesta se podrá presentar a los representantes del sector educativo en el mes de enero tras las fiestas navideñas, «a fin de llegar a un consenso» lo antes posible.

Líneas básicas

Tras la controversia que se ha generado en los últimos meses sobre si los menores de edad deben portar su smartphone a clase o no por su impacto nocivo, Balears ha tomado cartas en el asunto. Y lo ha hecho con la redacción de un manual de instrucción donde se especifica cómo y cuándo se pueden utilizar estos dispositivos inteligentes en horario lectivo. En líneas generales, el documento veta el uso de los teléfonos móviles entre el alumnado de Primaria, tal y como anunció el Gobierno central el miércoles; y lo limita en la Educación Secundaria Obligatoria (siguiendo la línea del Ejecutivo de Sánchez). Pero el Govern va más allá y aclara cuáles son las excepciones: por enfermedad o motivos puntuales similares.

En este sentido, el borrador de instrucción en el que trabaja la Conselleria que dirige Vera contempla, por ejemplo, que un alumno diabético conectado a una app requiere de dicho dispositivo inteligente. Una circunstancia que se traslada a otro tipo de enfermedades o situaciones similares.

Una medida que parece haber tenido buena acogida entre el sector educativo balear, aunque no es un proyecto pionero. En Mallorca ya hay centros de enseñanza como en Calvià, Santa Margalida o Palma (Antoni Maura, Llompart, Aurora Picornell o Son Cladera) donde directamente han prohibido el uso de los teléfonos móviles durante el horario lectivo, teniendo en cuenta su «pésimo impacto entre el alumnado». También a nivel nacional, comunidades como Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha o Andalucía han decidido atajar el problema de raíz. 

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