Extraoficial | Vox reconoce que habrá «libre imposición» de lengua

Los políticos son expertos en no decir lo que piensan y en no pensar lo que dicen. Igual que hay techos de gasto que gustan a todos pero no se aprueban por unanimidad, también hay lenguas propias que todos hablan pero que no se defienden con firmeza. Aunque siempre aparece alguna verdad que permanecía escondida y permite descifrar mejor la realidad. 

Vox | Saca a la luz el nombre real del acuerdo pactado con el Partido Popular

Sigmund Freud tendría mucho trabajo (y diversión) si hubiera coincidido en el tiempo con Vox. El partido, en una confesión inesperada, confirmó a través de sus redes sociales que el pacto cerrado con el PP ha sido bautizado con el nombre de «libre imposición de lengua» después de varios días en que tanto el Partido Popular como la conselleria de Educación se han afanado en calificarlo como «libre elección de lengua». El portavoz adjunto Sergio Rodríguez había reconocido horas antes, en una clara reminiscencia del Procés, que en España "la policía se dedica a apalizar ancianos y familias con niños".

Antoni Vera | PP y Vox designan al titular de Educación como nuevo líder espiritual de la derecha

Así como algunas libertades mueren con un estruendoso aplauso, también hay liderazgos políticos que se erigen (y se confirman) con el mismo método. PP y Vox han dejado atrás sus diferencias para nombrar al conseller de Educación, Antoni Vera, como nuevo referente de la derecha balear, sin menospreciar a la presidenta, al considerar que ha defendido incluso por encima de lo esperado el acuerdo para la «libre imposición de lengua» ―la oposición realizó hasta siete preguntas sobre el mismo tema, un hecho muy poco común―. El relevo andritxol de la políglota Marga Prohens para arremeter contra las decisiones de Pedro Sánchez maravilló incluso al vicepresidente Antoni Costa, que sintetizó el sentir general de los allegados: «Os ha dado con cucharilla a todos».

Amnistía | El Parlament trata de averiguar si hay ciudadanos de primera y de segunda en Balears

Después de varios días en que la segregación se ha convertido en seria candidata a palabra del año, el conseller de Educación aprovechó los focos y el micro que le brindaba el Parlament para denunciar que la izquierda quiere «segregar» a los ciudadanos del país para «crear españoles de primera y de segunda», en referencia a la amnistía que negocian PSOE/Sumar y ERC/Junts. Un avezado observador de la política balear recriminó por lo bajini al filólogo catalán convertido en pastor cristiano que la eliminación del requisito del catalán en la sanidad supone, de facto, establecer ciudadanos de primera y de segunda en las islas. Minutos después, la consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, no quiso confirmar que el requisito lingüístico seguirá en toda la función pública y se llimitó a declarar que es una «gran defensora» de que todos los funcionarios deben conocer la lengua propia de Balears. Desde la oposición recordaron que el acuerdo PP/Vox recoge que «se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública». Toda la bancada de Vox, al escuchar el sonido del cuerno, asintió repetidamente con la cabeza para dejar claro a sus socios que sería una de las próximas batallas (lingüísticas) a librar.

Oficina Lingüística | El Govern incluye en las cuentas una partida para el organismo que exige Vox

La Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística de Vox contará con un presupuesto de 750.000 euros anuales. El PP ha pactado con sus socios en plenas negociaciones para los Presupuestos de 2024 reservar una partida económica para la puesta en marcha de este organismo, que sustituirá a la actual Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, tal y como avanzó ayer Ara Balears y pudo confirmar este diario. El organismo dependerá del Parlament balear y tendrá como objetivo «restablecer la normalidad en el uso del castellano de forma libre y garantizada en esta comunidad autónoma, que es la lengua común de todos los españoles y que ha sido discriminada durante los últimos años», según Vox. La ultraderecha quiere obligar a Govern, ayuntamientos y la UIB a usar el castellano —exigirán a todas las administraciones de Balears que escriban en castellano toda su documentación— e incluirá sanciones de hasta 100.000 euros, según la propuesta inicial de Vox que el PP quiere enmendar. Ambos partidos aún están negociando los flecos de esta oficina. A pesar de que el PP mostró su rechazo al texto presentado por la ultraderecha en el Parlament, sus socios mantiene que la creación de la Oficina de Libertad Lingüística es uno de los puntos fundamentales del acuerdo de investidura de Marga Prohens.

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