No todas las familias podrán elegir lengua de enseñanza: la decisión será de los centros

No todas las familias podrán elegir lengua de enseñanza: la decisión queda en manos de los centros educativos, según su voluntad y recursos. Esta es la realidad tras la propuesta de elección de lengua que el conseller Antoni Vera ha explicado hoy a los medios (y que no ha podido exponer a la comunidad educativa, que ha rechazado entrar a la reunión al entender que no había afán de consensuar nada con ellos ya que el acuerdo ya estaba cerrado con Vox desde la noche antes).

Según la nota remitida por PP y Vox y según las declaraciones del conseller, se abre la puerta a modificar el modelo lingüístico, pero sin afectar a la normativa vigente y de momento con impacto muy reducido a corto plazo. La elección de primera lengua de enseñanza (hasta los 8 años) se haría a partir del próximo curso "en los centros en los que sea posible" (Vera no ha especificado mucho más sobre qué quiere decir eso, más allá de referirse a una cuestión de recursos) y "sin segregar" (sin hacer clases separadas por cuestión de lengua). Después, para el resto de cursos de Primaria y Secundaria se diseñará un "plan piloto voluntario" para realizar desdoblamientos en las materias no lingüísticas según la lengua que elijan los padres. Este plan piloto se empezaría a aplicar el próximo curso en Primaria en los centros que pidan y puedan acogerse y en Secundaria a partir del curso 2025-2026, sin descartar estudiar su ampliación a las etapas no obligatorias, según reza el acuerdo firmado entre ambas formaciones la noche del jueves.

El plan se ha querido presentar a los medios como algo muy acotado y de impacto limitado, ya que el propio conseller ha reconocido que habrá 'numerus clausus' y no podrán solicitar adherirse todos los centros que quieran y que no todos los que lo soliciten podrán entrar ya que deberán cumplir una serie de condiciones: "No es café para todos", ha indicado. Vera por ejemplo ha señalado que la disponibilidad de espacios para los desdoblamientos puede ser un condicionante. Los que se adhieran, recibirán una dotación económica, humana y material extra y el rendimiento de sus alumnos en competencia lingüística y comunicativa en catalán y castellano será evaluado por parte de la Conselleria.

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¿Habrá conflicto?: "Los centros que quieran podrán seguir como hasta ahora"

El conseller ha querido vender el plan como algo tan abierto que al final ha asegurado que "los centros que quieran continuar como hasta ahora podrán continuar como hasta ahora". Y por ello ha señalado que no cree que, tras el plantón de la comunidad educativa, el conflicto vaya a ir a más: "No puede haber haber conflicto desde el momento que es voluntario". Ha insistido además en que no se toca normativa: ni la ley de Normalización Lingüística, ni el Decret de Mínims, ni la ley autonómica de Educación (que aprobó el PSOE la legislatura de pasada con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos y que establecía el catalán como lengua vehicular). Ha remarcado también que no se segregará por lengua, pero desde las entidades que han conformado el frente común contra la segregación señalan que sacar a una serie de alumnos de su 'grupo-clase' para hacer Matemáticas en castellano, por ejemplo, es segregar por razón de lengua y que no puede equipararse a cuando los estudiantes se separan para cursar sus optativas.

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¿Cuántos centros se sumarán a la medida? La Conselleria no ha hecho estimación, ni tampoco de cuánto costara el plan. Ante las declaraciones hechas por parte de los representantes de los directores de las asociaciones de Primaria y Secundaria, es de esperar que en el sistema público no haya una adhesión masiva. Desde la concertada, la patronal Escola Catòlica se pronunció la semana pasada recordando a la conselleria que son los titulares de los centros los que deciden los proyectos educativos (y por tanto también lingüístico). Vera ha asegurado que aún no ha tanteado con esta red si habría centros concertados que se sumarían al plan piloto.

Antoni Vera ha insistido que este plan es un acuerdo entre grupos parlamentarios y que se negociará cómo se lleva a cabo a lo largo de este curso con la comunidad educativa en los diferentes órganos de representación existentes.