El PSIB considera inconstitucional la clausura de pisos turísticos ilegales

La decisión del Govern de Marga Prohens de permitir la clausura de viviendas que se destinen al alquiler turístico ilegal incurre en inconstitucionalidad, y se trata de una medida ya fue rechazada por el anterior Ejecutivo de Francina Armengol sustentándose en los informes contrarios elaborados por las conselleries de Presidencia y Turismo, según se advierte desde el PSIB-PSOE, que anuncia su intención de reclamar que esta iniciativa se remita al Consell Consultiu antes de ser convalidada por el Parlament, dada la trascendencia que esta cuestión puede tener.

Desde el Grupo Socialista se pone de relieve que este tema ya se debatió durante la pasada legislatura a petición del Consell de Eivissa, que pretendía que se contemplara la «clausura temporal o definitiva» de las viviendas de uso turístico que se comercializaran al margen de la legalidad.

En los contactos mantenidos en aquel momento entre la conselleria de Presidencia y el presidente ibicenco, Vicente Marí, ya se descartó esa petición debido a los informes contrarios elaborados por los dos departamentos autonómicos, al considerar que se afectaba a un derecho fundamental, como es el de la vivienda.

Orden judicial

En este sentido, se califica de inviable que los inspectores de Turismo de los Consells Insulars puedan entrar en una residencia para comprobar si se está comercializando de forma irregular sin disponer de una orden judicial, por lo que se señala que la medida aprobada por el Govern, dentro del paquete de iniciativas destinadas a abaratar el precio de la vivienda, resulta totalmente ineficaz, además de calificarla como «sensacionalista».

Un aspecto que sorprende a los socialistas es que en un tema «tan sensible» como precintar una vivienda se pueda haber aprobado por el Govern sin disponer del correspondiente informe de la Abogacía de la Comunitat Autònoma, especialmente cuando el Consell ibicenco, en manos del PP, está al tanto de que una decisión de esas características se movía al límite de la legalidad. En este sentido, se da la voz de alarma sobre las responsabilidades en las que se podría incurrir con el cierre de algunas de estas residencias.

Hay que recordar que la posibilidad de clausurar viviendas de alquiler vacacional ilegal fue anunciada en Eivissa por la presidenta Marga Prohens a finales del pasado mes. Pocos días después, el 29 de septiembre, su Gabinete debía de aprobar el decreto ley con metidas para afrontar la emergencia habitacional, pero en el ultimo minuto se optó por aplazarlo hasta el lunes siguiente alegando que se tenían que introducir nuevas medidas, concretamente la posibilidad de precintar esas residencias comercializadas irregularmente.

Al Consell Consultiu

Dada la importancia de esta cuestión, desde el Grupo Socialista se anuncia que cuando se aborde en el Parlament la convalidación del decreto ley, se propondrá que previamente se remita el documento al Consell Consultiu para que elabore el correspondiente informe sobre la presunta inconstitucionalidad. Además, desde el Ejecutivo autonómico se ha anunciado su voluntad de tramitar posteriormente este decreto en la Cámara autonómica como proyecto de ley, lo que dará pie a que los diferentes grupos políticos presenten sus enmiendas.

Otro aspecto que preocupa a los socialistas es que los inspectores de Turismo no disponen de ningún protocolo a la hora de actuar ante este tipo de situaciones, lo que podría hacer que alguno incurriera en una ilegalidad por desconocimiento. En este sentido, se recuerda que hay otros cuerpos de la Administración, como los inspectores de Trabajo, que sí cuentan con esos protocolos y que saben de la necesidad de contar con una orden judicial para poder acceder a un domicilio particular.

En cualquier caso, desde el PSOE se ponen de relieve los errores técnicos que el actual Ejecutivo balear está cometiendo en sus iniciativas, y se señala como ejemplo el decreto ley para la supresión del Impuesto de Sucesiones.

Suscríbete para seguir leyendo