El Consell entierra el proyecto con la UIB de geolocalizar pisos de alquiler ilegal en Palma

La lucha contra el alquiler turístico ilegal sigue siendo una prioridad para el Consell de Mallorca, pero con el cambio político se ha decidido enterrar un proyecto que había echado a andar con los socialistas en La Misericòrdia. Se trata del que iban a llevar a cabo desde la Universitat de les Illes Balears (UIB) consistente en visitar 20.000 pisos sospechosos de practicar el alquiler vacacional en Ciutat, donde está prohibido.

El departamento insular de Turismo de la anterior legislatura, con el socialista Andreu Serra al frente, lo había dejado listo, solo estaba pendiente de firmar la adjudicación. Contaba con un presupuesto de 402.300 euros. Sin embargo, hace unos días los responsables recibieron la comunicación de que ya no seguía adelante. «Ya estaba todo organizado y se estaban redactando los contratos para quince personas», explica la doctora Sònia Vives-Miró, del departamento de Geografía, del grupo de Investigación sobre Sostenibilidad y Territorio, directora del proyecto que se iba a llevar a cabo con la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

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"Era un proyecto sin color político" que se había desplegado en Ibiza antes, mostrando que el método funcionaba"

Desde Turismo del Consell de Mallorca se esgrime que si se ha parado «administrativamente» el proyecto es porque con la llegada del conseller José Marcial Rodríguez se ha decidido trabajar «en soluciones innovadoras realizadas con recursos propios que darán mejores resultados». Se adelanta que muy pronto se van a hacer públicas y con ellas se obtendrá la misma información «o incluso más completa sin recurrir a proyectos de terceros». Es decir, se apela a criterios técnicos y a que Turismo cuenta con «tres informes internos que desaconsejaban seguir esa vía al no verla necesaria».

Visitas puerta a puerta

Este borrón y cuenta nueva en la ofensiva con el alquiler vacacional fuera de la ley no se entiende, reconoce Vives-Miró. «Dicen ahora que ya hay suficientes inspectores», continúa, pero estos lo que «visitan son los alojamientos sobre los que hay denuncias». Y nada tiene que ver el proyecto diseñado bajo la batuta de la doctora en Geografía.

En este caso, utilizando la técnica de la cartografía, se iban a centrar en tres zonas donde se concentran los pisos ilegales de alquiler turístico: el centro histórico, Santa Catalina y Son Espanyolet. «Íbamos a hacer un censo para crear una base de datos» gracias a las visitas que llevarían a cabo encuestadores yendo «puerta a puerta de todas las viviendas y así detectar las de alquiler turístico». De esa manera, dice la investigadora, se «sabría al momento» cuáles se dedican a la actividad prohibida en Palma «porque te encontrarías con los turistas».

El proyecto se ha venido abajo con el cambio de gobierno, cuando «los investigadores ya estaban organizados», lamenta Vives-Miró.

La puesta en marcha de este censo, que «no tenía color político al tratarse de un trabajo técnico y cuantitativo», había surgido tras otro realizado en la ciudad de Ibiza, para su ayuntamiento, en 2022. Aquel censo se hizo sobre 23.700 viviendas de todo el municipio, donde además del objetivo de detectar el alquiler vacacional había otros, como los relacionados con las desigualdades sociales. «Se vio que la metodología funcionaba». La geógrafa cuestiona que «sigan diciendo que quieren detectar el alquiler turístico. ¿Cómo lo van a hacer si ya tenían un proyecto en marcha?».