Toni Estela: «La pobreza no puede ser motivo para tutelar a un menor»

«El primer derecho de un niño o niña es crecer y desarrollarse en su entorno familiar natural (...) y la precariedad económica y la pobreza no pueden ser motivos de tutela de menores». Son dos de los puntos que la asociación ARDIP propone para la nueva etapa que comienza en el sistema de protección del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). El presidente de ARDIP es Toni Estela, que ha denunciado que tanto él como otros niños que estaban ingresados en la Fundación Nazaret sufrieron reiteradas violaciones a manos de uno de los monitores, que se prolongaron durante más de una década en los años ochenta.

Estela es muy crítico con el sistema de protección de menores en España, que ha incrementado recursos para los centros de tutela, unos recursos que a su juicio tendrían que ir destinados a las familias de los niños en situación de vulnerabilidad. El presidente de ARDIP siempre ha defendido la posibilidad de que los menores, aun en el caso de que fueran apartados de sus padres por casos graves de desatención, pudieran permanecer al cuidado de otros familiares con el apoyo técnico y económico de la Administración.

Cuando se cumplen 25 años de la asunción de las competencias de protección de menores por parte del Consell de Mallorca, la asociación de Estela ha hecho público un comunicado en el que plantea una serie de propuestas para un «nuevo enfoque».

«El marco normativo en el estado español en materia de protección infantil concede a las administraciones las competencias de tutela y adopción a diferencia del resto de países de nuestro entorno en los que es el juez de menores quien toma esas medidas con todas las garantías propias del sistema judicial», plantea el comunicado. «Este hecho ha contribuido a que la tutela y la guarda de menores hayan sido vividas por los padres de cuyos hijos se tomaron la tutela como frecuentemente como actuaciones arbitrarias». La asociación plantea que en este sistema «los padres tienen pocas oportunidades de poder defenderse de los cargos que el Servicio de Protección tiene contra ellos no pudiendo presentar informes que cuestionen los puntos de vista y las valoraciones de los técnicos del Servicio de Protección».

ARDIP destaca que, pese a que la Ley de la Infancia de 2019 contempla la posibilidad de establecer una mediación en caso de discrepancias entre los técnicos y los padres, este precepto no se ha llevado nunca a la práctica.

Otro punto indica que aunque la pobreza no puede ser motivo para apartar a un menor de su familia, la falta de acceso a la vivienda obliga a muchas familias a vivir hacinados. «En Mallorca no se han priorizado las políticas de apoyo a familias vulnerables».

El actual sistema, continúa el comunicado, ha provocado una saturación crónica del Servicio de Protección de Menores, que se ha visto obligado a destinar grandes recursos para pagar a más de mil profesionales que trabajan para los servicios propios y concertados del IMAS, para atender a los 1.300 menores con expedientes de protección, de los cuales más de cuatrocientos están ingresados en centros tutelados y otros seiscientos en régimen de acogimiento familiar, mientras que solo unos trescientos permanecen con sus familias biológicas.

Toni Estela insiste en la necesidad de revisar la tutela de menores por parte del IMAS. «Si se aparta a los menores de los padres, se ha de intentar dejarlos con otros familiares, como los abuelos, sin interrumpir la comunicación con sus progenitores salvo en los contados casos en los que esta puede ser claramente dañina para los niños».

El presidente de la asociación ARDIP ha denunciado que tanto él como otros menores sufrieron repetidas agresiones sexuales en la década de los ochenta, por parte de un monitor, cuando estuvo ingresado en el centro de menores de Nazaret.

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