El Govern limitará la entrada en Baleares de más VTC como Uber, Cabify o Bolt en septiembre

El Govern balear aprobará en septiembre un decreto ley destinado a evitar la liberalización de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en las islas, según el compromiso adquirido por el vicepresidente y responsable de Hacienda, Antoni Costa, y la consellera de Vivienda y Movilidad, Marta Vidal, con las asociaciones de taxistas durante la reunión que ambas partas mantuvieron el pasado jueves, según ha destacado el presidente de la patronal con mayoría en el sector, Gabriel Moragues, de Taxis-PIMEM. El objetivo es evitar una entrada masiva de este tipo de flota, especialmente de la mano de empresas como Uber (que ya cuenta con medio centenar de coches en Mallorca), Cabify o Bolt.

La utilización de la vía del decreto ley, según Moragues, se explica por la urgencia con la que es necesario actuar, especialmente tras las sentencias que se están registrando (como la reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) en contra de que se establezcan cupos de VTC en relación a los taxis existentes en cada zona.

Crecimiento de los VTC

El miedo radica en que el Tribunal Supremo tumbe el cupo que se aprobó en el archipiélago, de un VTC por cada once taxis, aunque la realidad de las islas es que la proporción real existente actualmente es de uno a tres. En este aspecto. El presidente de Taxis-PIMEM afirma que en solo cinco años se ha pasado de una flota de 200 VTC en el archipiélago a 800.

Para evitar una entrada masiva de esos coches tras las citadas sentencias, desde el Gobierno central se aprobó hace pocas semanas un real decreto ley, posteriormente convalidado con los votos favorables del PP en el Congreso, que permite a las comunidades autónomas la limitación de los VTC esgrimiendo motivos medioambientales, de gestión del transporte o de fluidez del tráfico, además de declarar al taxi como servicio de interés público. Ahora esa posibilidad debe de ser desarrollada por el Govern.

Como se ha indicado, el sector del taxi considera de extraordinaria urgencia que el Ejecutivo autonómico regule esta materia para evitar que se implanten en las islas todos los vehículos con conductor que lo deseen, dado que en Mallorca hay 3.000 solicitudes para ello, y en Eivissa esa cifra se dispara hasta las 12.000, según pone de relieve Gabriel Moragues, que califica de «inasumible» semejante incremento de la flota existente. Como referencia, subraya que en el conjunto de España esa cifra de peticiones asciende a 200.000.

Limitar los cambios de isla

Otro aspecto que se pretende abordar es la enorme concentración de peticiones en Eivissa, algo que se interpreta como el reflejo de que en esa isla se ha sido más laxo en esta materia, pero que abre la posibilidad de que buena parte de las licencias solicitadas sean para coches que luego pretendan operar en Mallorca.

Una de las medidas en estudio es que los nuevos VTC con licencia obtenida en una isla no puedan realizar trayectos urbanos en otra. Como ejemplo, un vehículo de Eivissa podría así realizar un trayecto entre el aeropuerto de Son Sant Joan y Alcúdia, pero no hasta la Platja de Palma al no salir de un mismo municipio.

En cualquier caso, Moragues pone en valor la celeridad con la que Costa y Vidal se comprometieron a actuar en esta materia.

En el encuentro con el Govern, además de Taxis- PIMEM, también estuvieron presentes representantes de la asociación de este sector adscrita a CAEB, de la part forana, de Menorca, de las Pitiüses y de la asociación de VTC de las islas de la que forman parte empresas que han mantenido tradicionalmente una relación sin tensiones con los taxistas.

Unificar el servicio

Otra de las medidas que el Govern se ha comprometido a impulsar, a petición de las asociaciones de taxistas de las islas, es la elaboración de borrador de proyecto de ley, que deberá de ser aprobado por el Parlament, para que sea posible que un vehículo de un municipio pueda cargar pasajeros en otro en el caso de que no haya más coches disponibles. En este caso no se tomarán vías de urgencia ya que se trata de un documento que debe de negociarse con los Ayuntamientos y abrir la posibilidad de participación a la oposición, según apunta el presidente de Taxis-PIMEM, Gabriel Moragues.

Para ello será necesario contar con una aplicación de móvil (app) desde la que el ciudadano deberá solicitar el servicio de taxi, y que permitirá determinar que no hay cerca ningún taxi de ese municipio para atenerle, abriendo entonces la posibilidad de que acuda un coche de otra población que se encuentre en las proximidades. De este modo, se reduciría el riesgo de colapso del servicio como el que se vivió en el verano de 2022. Lo que está por determinar es si finalmente esa app será impulsada por el Govern o por el propio sector. 

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