PP y PSIB afirman que no permitirán el alquiler de yates de particulares

Madrid comunica al Govern que dejará que sean las comunidades autónomas las que tengan la última palabra

Balears rechaza la posibilidad de que las embarcaciones de recreo se puedan alquilar.

Balears rechaza la posibilidad de que las embarcaciones de recreo se puedan alquilar. / DM

Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

El próximo Govern balear, independientemente de que esté liderado por el PP o por el PSIB-PSOE, no va a consentir que a partir de julio de 2024 las embarcaciones privadas de recreo se puedan alquilar durante tres meses, según han asegurado tanto el director general de Transporte Marítimo del actual Ejecutivo autonómico, Xavier Ramis, como el portavoz de campaña de los populares, Sebastià Sagreras.

El argumento de ambos es el mismo: las islas disponen de un sector empresarial dedicado al chárter náutico (alquiler de yates) muy profesional, consolidado y con elevados niveles de calidad, y no se va a permitir que se genere una competencia desleal al autorizar que embarcaciones no profesionales hagan negocio en este campo.

Este debate se abrió en Balears el pasado 3 de abril, cuando Diario de Mallorca publicó que el ministerio de Transportes acababa de aprobar un real decreto que da luz verde, a partir del 1 de julio de 2024, a que las embarcaciones de recreo de uso privado (lista séptima) puedan comercializarse durante tres meses como barcos de alquiler (lista sexta), tal y como apareció en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 22 de marzo. Esta iniciativa disparó la alarma del sector náutico balear, que acusó al Ministerio de legalizar los denominados ‘yates piratas’.

Xavier Ramis reconoce que en cuanto conoció ese real decreto se puso en contacto con el director general de Marina Mercante del Gobierno central, Benito Núñez, para solicitar información sobre esa iniciativa, al tiempo que el conseller de Medio Ambiente del Govern, Miquel Mir, reclamó una rectificación inmediata a Madrid, al considerar que se había tomado una «nefasta iniciativa».

Ultima palabra del Govern

Ramis señala que durante su contacto con Benito Núñez, éste le aseguró que la citada medida no entrará en vigor hasta que se realice el correspondiente desarrollo normativo, en el que se especificará que la concesión de licencias para realizar el chárter náutico seguirá en manos de las autonomías, es decir, que la última palabra sobre este tema la va a tener el Govern balear en el caso del archipiélago.

El actual director general de Transporte Marítimo de las islas considera que esta aclaración es clave, al dar como seguro que un Govern del Pacto liderado por el PSIB-PSOE jamás va a dar luz verde a la posibilidad de que embarcaciones privadas de recreo se puedan comercializar para el alquiler, ante el «descontrol» que ello podría conllevar.

Hay que tener en cuenta que hace pocos días también Més per Menorca hizo público un comunicado en contra de esta iniciativa.

Rechazo del PP

Pero incluso en el caso de que tras las elecciones autonómicas de mayo hubiera un cambio de color político en el Ejecutivo autonómico, ese veto parece garantizado, por cuanto el PP balear también ha hecho pública su oposición a que las embarcaciones privadas puedan ser alquiladas durante tres meses. Su portavoz, Sebastià Sagreras, se muestra muy crítico con la reforma impulsada por el Gobierno estatal, alegando que supone un golpe para un sector empresarial «consolidado», como es el del chárter náutico, y «al que apoyamos».

La postura expresada desde el PSIB-PSOE, desde Més y desde el PP balear satisface al presidente de la asociación de chárter náutico de las islas, José María Jiménez, pero insiste en que desde el sector se va a pedir un encuentro en Madrid con el director general de Marina Mercante para conocer de primera mano sus intenciones en relación al desarrollo legislativo del real decreto publicado en el BOE, debido a que «no nos fiamos».

En opinión de Jiménez, esa medida deja abierta una puerta que debía de haberse mantenido cerrada, independientemente de que alguien quiera cruzarla o no en Balears, y advierte del impacto que de aplicarse en las islas tendría para su sector, pero también sobre el medio ambiente, al descontrolar una cuestión como la de los fondeos.

Suscríbete para seguir leyendo