El sector náutico balear acusa a Madrid de legalizar los ‘yates piratas’

«Estamos en shock, asustados». La frase corresponde al presidente de la asociación balear de chárter náutico, José María Jiménez, y refleja la reacción del sector ante el real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 22 de marzo en el que abre la posibilidad de que, a partir del 1 de julio de 2024, las embarcaciones de recreo de uso privado pueda ser utilizadas durante un máximo de tres meses al año como barco de alquiler. Esta decisión del ministerio de Transportes es calificada como una legalización de facto de lo que hasta ahora se ha venido calificando desde el sector náutico como ‘yates piratas’, un cambio legislativo que es calificado como una «catástrofe».

La alarma se ha desatado ante el contenido del artículo 9 del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima recién publicado por el BOE, que en su primer punto contempla la solicitud de un «cambio temporal de uso privado a comercial, por un plazo no superior a tres meses» para los buques y embarcaciones de recreo.

Jiménez afirma que eso supone abrir la puerta «de forma sibilina» a que cualquier propietario de una embarcación de la lista siete (uso privado) pueda actuar como si fuera de la lista sexta (alquiler) durante los meses de mayor demanda. En su opinión, esta decisión podría ser comparada con que se acordara legalizar que cualquier propietario de una vivienda privada pudiera dedicarla al alquiler turístico durante tres meses al año con total libertad.

Este cambio, en opinión del chárter náutico de las islas, es fruto de las presiones ejercitas sobre el Ministerio por parte del «lobby empresarial de Madrid», con el objetivo impulsar la venta de más embarcaciones de recreo.

El alcance de este cambio en la legislación es tan importante que desde la citada asociación empresarial se va a mantener en breve una reunión con los servicios jurídicos de la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (APEAM), al tiempo que se va a solicitar un encuentro con el director general de Transporte Marítimo, Xavier Ramis, con el que el sector siempre ha mantenido una buena relación, para solicitar la intervención del Govern balear en esta materia.

Impacto masivo

De no producirse un cambio, José María Jiménez advierte de que el impacto que la medida va a tener sobre la náutica balear va a ser enorme.

Para empezar, supone dar alas a la comercialización temporal de embarcaciones privadas. En las islas hay alrededor de 12.000 registradas, según señala el presidente de chárter náutico, de las que unas 1.500 podrían pasar a comercializarse para alquiler durante los meses de mayor demanda. Pero eso supone solo la flota ya presente en las islas, y con la liberalización de los alquileres de embarcaciones durante tres meses se añade al problema la flota instalada en los puertos peninsulares del Mediterráneo, ante el atractivo que el archipiélago tiene como destino. A todo ello hay que sumar las embarcaciones que llegan desde otros países.

José María Jiménez lamenta que el Ministerio «ha puesto una alfombra roja» para la llegada de un volumen importante de embarcaciones particulares que puedan ser alquiladas durante tres meses y que hasta ahora eran denunciadas como ‘piratas’, por cuanto este tipo de prácticas en numerosas ocasiones se hacen ‘en negro’.

«Llevo diez años luchando contra estas actividades irregulares que el Gobierno regulariza a partir del próximo año», lamenta el presidente del chárter náutico, que además recuerda la colaboración para combatirlas que durante esta legislatura encontró en la conselleria de Movilidad, desde la que se creo el registro al que debían sumarse aquellos barcos que se pusieran en alquiler para que fuera más fácil detectar y sancionar las ilegalidades que se pudieran cometer en este campo.

Masificación y seguridad

Jiménez advierte además de los efectos secundarios que la medida va a tener, empezando por favorecer una incremento en la masificación de los fondeos en el litoral de las islas.

A ello se añade el temor a que muchos barcos de pequeño tamaño se comercialicen para excursiones de un día durante el verano, como podrían ser, por citar dos ejemplos, los de Sóller para ir hasta sa Calobra, o los de Andratx para acercarse a sa Dragonera.

Pero hay un elemento adicional al que el presidente de la asociación balear de chárter da una especial relevancia, y es el de las medidas de seguridad para los pasajeros. En este sentido, recuerda que una embarcación perteneciente a una empresa de alquiler (lista sexta) debe de pasar una inspección cada dos años, mientras que las de recreo privadas (lista séptima) solo deben de hacerlo cada cuatro.

Además, los barcos de alquiler deben de disponer de medidas de seguridad adicionales, como en el número de extintores o contar con radiobaliza, lo que además supone que los privados se pueden ofrecer como chárter con costes inferiores, lo que puede repercutir en el precio y en una competencia desleal.

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