El Parlamento Europeo es uno de los refugios de parásitos más acreditado del planeta. Cumple con la indudable labor higiénica de mantenerlos concentrados en un solo lugar, con el consiguiente alivio para sus países de origen aunque a un coste estratosférico en sueldos.
Imaginar por tanto que el club viciado de la Eurocámara iba a elaborar un documento con un mínimo valor, sobre el escándalo de los menores tutelados y abusados sexualmente en masa en Mallorca, equivale a pensar que el Consell iba a afrontar con determinación la explotación de sus dependientes.
Los vagos de Estrasburgo no se fijaron en Mallorca por la gravedad de la situación, sino con la sana expectativa de unos días de asueto en el paraíso del Mediterráneo. Las menores abusadas les preocupan tanto como a los dirigentes políticos del Consell, de ahí que la institución mallorquina se haya apresurado a destacar su riguroso cumplimiento de las europropuestas por adelantado. Son tal para cual.
La presidenta del Consell aportó, como dictamen científico sobre las mafias del abuso de menores, que las tuteladas «están en una edad difícil». Sin duda es una valoración ajustada de las agresiones sexuales, chocante incluso en Catalina Cladera. Otra consellera socialista despachó la trama criminal en que «son cosas que pasan», siempre que les pasen a otras. Ambas oradoras tendrían un futuro esplendoroso en el Parlamento Europeo.
Al destaparse el abuso sistemático de menores adscritas al Consell, la institución se abrazó a la curiosa disculpa de que el fenómeno tiene lugar en toda España. El mal de muchos lleva al Pacto de Progreso a pugnar por igualarse a Isabel Díaz Ayuso, con la diferencia no menor de que la madrileña encabeza las encuestas.
La carrera de Cladera está jalonada por los trece muertos de Sant Llorenç bajo su mando, el fiasco del REB que tenía la obligación de sacar adelante, las Menores en «edad difícil», la subvención al Mallorca, el pacto con los corruptos en un caso penal que avergüenza a la decencia, y la media docena de intentos de manipular la legislación hasta que ha logrado finalmente su promoción personal de auditora a interventora. En la otra orilla, el PP no ha obtenido ni una victoria moral en los suculentos casos enumerados.
Cuando los políticos deficientes que por desgracia se acumulan en cada legislatura no son depurados conforme transcurre el calendario, se acentúa el riesgo de un desalojo multitudinario y sin distinciones al final del periodo. La promoción de los culpables confirma la egolatría pero aumenta el riesgo de descalabro.
