Es el golpe más duro para una institución histórica. El Real Club Náutico de Palma, fundado en 1948 de la fusión del Club de Regatas y el Club Maritimo, con más de 2.000 socios y 400 clientes amarristas, y ligado históricamente a la Familia Real, pierde el derecho de prórroga para mantener sus actividades y emplazamiento a partir del 1 de enero de 2023.
El Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del país en materia jurídica, se ha pronunciado en contra de la equiparación del antiguo contrato de servicios del club con una concesión administrativa, en un dictamen con el que impide, de hecho, que el plazo de ocupación del dominio público portuario pueda ampliarse más allá del 31 de diciembre de este año.
Por un lado, ha reconocido que los contratos de servicio se extinguieron con la reforma legal de 2003 –tal y como sostenía el club–, pero, por otro, ha dictaminado que esos contratos no se transformaron en concesiones y que, en consecuencia, el título del Náutico durante los últimos 19 años tendría una “naturaleza singular y provisional”, fruto de una “deficiente gestión” del dominio público por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares. Esta última circunstancia no sería, en ningún caso, atribuible al club.
El Real Club Náutico de Palma no comparte en absoluto esta tesis del Consejo de Estado y recuerda una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJIB que reconoce el derecho de prórroga a un concesionario del puerto de Formentera asumiendo que el contrato de servicios que lo habilitaba se convirtió en una concesión administrativa tras la modificación de la Ley de Puertos del Estado, una postura que también ha sido defendida y argumentada por los servicios Jurídicos de Puertos del Estado.
El RCNP insta a la APB a que, vistos todos los informes aportados al expediente, así como el precedente judicial de Formentera, adopte ya una decisión sobre la solicitud de ampliación del plazo de su concesión para que el club, en caso de que sea denegada, pueda ejercer las acciones que en Derecho le asisten ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Supone además el dictamen un cambio de criterio que contradice otros informes existentes de la Abogacía del Estado y que sobre todo va en contra de todas las renovaciones del contrato del Real Club Náutico de Palma producidas desde el año de la fundación en 1948, la última en 1992, todas ellas con el consiguiente aumento del canon, las tasas y los impuestos.
En noviembre de 2021, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aceptó cursar la solicitud realizada por la entidad mallorquina para que el Consejo de Estado resolviera la controversia. El conflicto surgió a raíz de un informe de la Abogacía del Estado conocido el mes de marzo de 2021, según el cual el contrato de servicios del Real Club Náutico de Palma no era prorrogable, una tesis que chocó frontalmente con el criterio de los servicios jurídicos del Puertos del Estado, que consideran que dichos contratos se transformaron necesariamente en concesiones tras la reforma de la Ley de Puertos del Estado del año 2003.
Emerico Fuster: No es de recibo que la historia de nuestro club y todo lo que representa para la ciudad penda de una cuestión meramente formal en la que ni siquiera hay una postura jurídica clara
Dicho informe supuso en su día la paralización del expediente de ampliación de plazo de concesión presentado por el Real Club Náutico de Palma, dado que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) tenía sobre la mesa dos informes contradictorios.
El Real Club Náutico de Palma fue fundado en 1948, aunque sus orígenes son más antiguos, yes una de las instituciones más arraigadas en la sociedad palmesana, con regatas de repercusión internacional, como el Princesa Sofía y la Copa del Rey de vela y con una de las mejores escuelas de vela de España, además de la labor social que realiza con jóvenes en riesgo de exclusión.
“La defensa del gran patrimonio social del Real Club Náutico de Palma se llevará a cabo en todos los frentes y en todas las vías, incluido el judicial si finalmente procede”, ha asegurado Emerico Fuster, presidente del RCNP. “Sabíamos que este no iba a ser un proceso fácil. El informe del Consejo de Estado, que respetamos pero no compartimos, es un contratiempo, pero no es de recibo que la historia de nuestro club y todo lo que representa para la ciudad penda de una cuestión meramente formal en la que ni siquiera hay una postura jurídica clara. Aquí hay unas consecuencias subyacentes que no pueden obviarse. Estamos convencidos de que la razón está de nuestra parte y llegaremos hasta donde haga falta para defender nuestra posición”, ha añadido.
