Gual de Torrella, ante la jueza por el presunto amaño del concurso en el puerto de Ibiza

El expresidente de la Autoritat Portuària de Balears (APB) Joan Gual de Torrella declara hoy ante la jueza que investiga el presunto amaño de un concurso para favorecer al Club Náutico de Ibiza (CNI). Gual está acusado, junto a otros directivos del organismo, de manipular la tramitación administrativa. Algunas evidencias recabadas durante la investigación de la Guardia Civil, que ha analizado más de 30.000 correos electrónicos, apuntan a que hubo presiones y órdenes políticas para beneficiar al CNI.

Hoy están citados también el exdirector de la APB Juan Carlos Plaza y la Abogada del Estado María Dolores Ripoll. Esta es la segunda pieza del llamado caso Puertos por la que declaran como investigados, después que el pasado mes de octubre comparecieran ante la jueza por el amaño de otro concurso en Menorca. La magistrada mantiene bajo secreto al menos otras tres piezas. Gual ha llegado al juzgado acompañado de su abogado, Eduardo Valdivia, y poco antes de las diez menos cuarto ha comenzado su declaración ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, Martina Mora. Una de las cuestiones que pretende aclarar la jueza es el papel que jugó la presidenta del Govern, Francina Armengol, en este procedimiento. La Guardia Civil encontró un par de mensajes de Whatsapp entre Gual y Armengol, en los que comentaban la situación.

La concesión administrativa al Club Náutico de Ibiza había concluido en el año 2010 y el organismo, que gestionaba el puerto desde 1927, fue recibiendo prórrogas. La APB solicitó un informe a un catedrático para aclarar si la entidad podría ser declarada de interés estratégico y relevante para mantener la adjudicación, pero el especialista no lo consideró así. Avalado por la abogada del Estado, el Consejo de Administración optó por convocar unas bases para una nueva concesión administrativa, a través del denominado procedimiento de competencia, donde se valoraba el arraigo de la empresa concesionaria. De las tres empresas que optaron al concurso, el club ibicenco era el más beneficiado en este sentido. Pero la concesión fue anulada por el TSJB, que cuestionaba los criterios de puntuación al incluir el arraigo. El recurso lo planteó la empresa Doce Millas, representada por el mismo catedrático Cisneros que antes había realizado el informe contrario a la continuidad del club náutico ibicenco.

La sentencia fue interpretada por la Abogacía del Estado, que ordenó una nueva puntuación de las ofertas, volviendo a ganar el Club Náutico de Ibiza. Esta nueva concesión también fue anulada. Varios miembros del Consejo de Administración de la APB dimitieron al no estar conformes con el sistema de tramitación para la concesión de esta explotación pública y mucho menos con las supuestas maniobras que desde la presidencia se hicieron para aprobar este proyecto.