Joan Gual de Torrella lo niega todo. El expresidente de la Autoritat Portuària de Balears (APB) rechazó ayer ante la jueza haber amañado un concurso en 2018 a favor de una sociedad de empresarios menorquines para la gestión de 154 amarres en el puerto de Maó. En su primera comparecencia como investigado por el llamado ‘Caso Puertos’, Gual defendió la legalidad del procedimiento y rechazó haber recibido presiones de la presidenta del Govern, Francina Armengol, u otros cargos políticos. También el exdirector de la APB, Juan Carlos Plaza, descartó en su declaración como investigado haber cometido irregularidades en la adjudicación.
Los dos ex altos cargos comparecieron por primera vez ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, desde que fueron detenidos a finales de julio de 2020 por las presuntas irregularidades cometidas durante su mandato. Ayer solo estaban citados por una de las cinco piezas judiciales abiertas, la que investiga el supuesto amaño del concurso en el puerto de Maó, ya que el resto siguen bajo secreto de sumario. Los interrogatorios, en los que la magistrada llevó casi todo el peso, se prolongaron durante tres horas cada uno.
Gual de Torrella, representado por el abogado Eduardo Valdivia, defendió en todo momento la legalidad del concurso por el que Marina Asmen S.L. se hizo con la gestión de los amarres en 2018. Aunque reconoció haber recibido presiones por parte de Justo Saura, presidente de la asociación del mismo nombre en cuyo seno se creó la sociedad, para que no se realizara el concurso y se prorrogara la adjudicación ya existente, relativizó su importancia y defendió que no surtieron ningún efecto. El expresidente de la APB afirmó que una vez abierto el proceso se desentendió de él, pero la jueza le hizo ver que según las evidencias mantuvo seis reuniones posteriores con Saura. Gual dijo no recordarlo. También le puso en aprietos la magistrada cuando le mostró un correo en el que Saura le comunicaba que ya se había creado la sociedad para presentarse al concurso.
No hubo presiones políticas
Gual rechazó también haber recibido directrices desde el Govern para beneficiar a esta empresa, formada por cinco de las principales empresas náuticas de Maó. Preguntado directamente sobre sus reuniones con la presidenta Francina Armengol, basadas en unas anotaciones incautadas por la Guardia Civil, afirmó que en ningún caso trataron sobre el concurso investigado, aunque admitió haberle comentado a Armengol que la Guardia Civil había interrogado al director de la APB en Menorca. También aseguró que sus contactos con la entonces alcaldesa de Maó, Conxa Juanola, fueron para tratar asuntos generales relacionados con el puerto.
Respecto a las divergencias entre Dolores Ripoll y otro abogado del Estado en el consejo de administración sobre la adjudicación a Asmen, Gual las atribuyó a antiguas rencillas y no a intereses personales en el concurso.
El exdirector de la APB, Juan Carlos Plaza, mantuvo también que el proceso fue legal y limpio. Como hizo Gual, sostuvo que la adjudicación se basó en los criterios de la comisión técnica y negó haber cometido ninguna irregularidad.
Ayer estaba citada también la abogada del Estado Dolores Ripoll, de quien la jueza sospecha que informó a favor de adjudicar el concurso a Marina Asmen a sabiendas de las ilegalidades, pero su declaración se aplazó a hoy al alargarse las comparencias de Gual y Plaza. Este martes serán interrogados también otros tres altos cargos de la APB.
