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Diario de Mallorca

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Gual denunció un intento de extorsión en la concesión del náutico de Ibiza

Las conversaciones apuntan al interés en que el club siguiera en las mismas manos

Gual de Torrella fue detenido acusado de amañar concursos de puertos. | B.R.

El que fuera presidente de la Autoritat Portuària de Balears, Joan Gual de Torrella, denunció (aunque no formalmente) a sus colaboradores un intento de extorsión durante la tramitación de la concesión de la explotación del Club Náutico de Eivissa. Así consta en la documentación que obra en la causa del que se conoce como caso Puertos. Según la misma, Gual apuntó directamente a un conocido catedrático de derecho administrativo, un experto en materia marítima, llamado Francisco Jiménez de Cisneros, que representaba a la empresa Doce Millas, interesada por la explotación de la instalación náutica. Además, tal y como recoge la documentación de la causa, había logrado en los tribunales que se anulara la concesión que aprobó la APB a favor del Club Náutico de Eivissa, que venía explotando esta instalación desde hacia 90 años y aspiraba a seguir. Gual de Torrella aseguró en varias conversaciones telefónicas, intervenidas por la Guardia Civil y que aparecen en el atestado, que el representante de esta empresa Doce Millas, creada expresamente para adjudicarse esta concesión, le había pedido cuatro millones de euros, a cambio de retirarse del concurso. Y apuntó que un exfiscal iba a actuar como intermediario para recibir el dinero, que nunca llegó a abonarse.

En el atestado que ha realizado la Guardia Civil queda claro que Gual seguía los criterios políticos de varias instituciones, tanto del Govern, como de Eivissa, que se decantaban por continuar confiando en el Club Náutico de Eivissa la explotación de los amarres. Y para ello se realizó una tramitación administrativa, puesta en duda por algunos integrantes del Consejo de Administración de la Autoritat Portuària, con la que presuntamente se pretendió beneficiar a la sociedad que venía explotando históricamente esta concesión y que contaba con el respaldo político de las autoridades de la isla pitiusa. Este apoyo perjudicaba a las otras dos empresas que se presentaron al concurso.

La concesión administrativa había concluido en el año 2010 y el club ibicenco fue recibiendo varias prórrogas. Sin embargo, desde la APB se decidió solucionar esta situación provisional. Se da la circunstancia de que en el año 2010 la APB solicitó un informe al catedrático Cisneros, pidiéndole si esta entidad cumplía con los requisitos para seguir explotando el náutico por existir un interés estratégico y relevante. La contestación del jurista fue negativa.

Avalado por la abogada del Estado, el Consejo de Administración optó por convocar unas bases para una nueva concesión administrativa, a través del denominado procedimiento de competencia, donde se valoraba el arraigo de la empresa concesionaria. Era evidente que de las tres empresas que optaron a este procedimiento, el club ibicenco era el más beneficiado por su anclaje a la isla. La concesión a esta empresa de Eivissa fue anulada por el TSJB, que cuestionaba los criterios de puntuación al incluir el arraigo. El recurso lo planteó la empresa Doce Millas, representada por el mismo catedrático Cisneros que antes había realizado el informe contrario a la continuidad del club náutico ibicenco. La sentencia fue interpretada por la Abogacía del Estado, que ordenó una nueva puntuación de las ofertas, volviendo a ganar el Club Náutico de Eivissa. Esta nueva concesión también fue suspendida.

Varios integrantes del Consejo de Administración de la APB, y así se señala en el atestado policial, dimitieron al no estar conformes con el sistema de tramitación para la concesión de esta explotación pública y mucho menos con las supuestas maniobras que desde la presidencia se hicieron para aprobar este proyecto.

Gual de Torrella está citado a declarar para el próximo día 5 de julio como imputado.

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