Nueve de los doce acusados de desórdenes públicos en el llamado ‘caso confeti’ han negado que estuvieran presentes en la protesta convocada por Arran en el Moll Vell de Palma contra la masificación turística en la primera sesión del juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial de Palma.
Los doce encausados se sentaron en el banquillo para afrontar diversas peticiones de pena solicitadas por la fiscalía que suman un total de 29 años de prisión. Los hechos por los que se les juzga ocurrieron el 22 de julio de 2017, cuando una veintena de jóvenes convocados por la organización independentista desplegaron una pancarta frente a un restaurante del Moll Vell de Palma en la que se leía ‘Tourism kills Mallorca [El turismo mata a Mallorca].
Durante la protesta, que fue grabada por los propios activistas, se encendieron bengalas y se lanzó confeti sobre los clientes del restaurante Mar de Nudos. En concreto, a ocho de ellos la fiscalía les pide dos años de cárcel; a tres, tres años por reincidencia; y a una última le pide cuatro años en concepto de autoría.
Solo tres de los doce acusados admitieron durante el juicio haber estado presentes en el Moll Vell aquella tarde, y uno de ellos precisó que únicamente se encontraba allí en calidad de periodista para informar de los hechos. Los otros dos, un hombre y una mujer, aseguraron a preguntas del fiscal que su participación fue muy limitada.
«Yo solo sujetaba la pancarta y cantaba. No recuerdo si había alguien tirando confeti en las mesas del restaurante», respondió a preguntas del fiscal una de las acusadas que reconoció su presencia en la protesta. «No presencié ningún acto violento, ni vi nada roto», contestó al abogado Josep de Luis, que defiende a ocho de los doce encausados.
Tickets de gasolina
El segundo joven que admitió su participación en la acción convocada por Arran aseguró que presenció los hechos en un lugar «apartado» y que se limitó a proferir algunos cánticos. El acusado negó al fiscal que fuera uno de los organizadores de la protesta pese a que fue identificado por la Guardia Civil y abonó una sanción administrativa de 600 euros. «Pagué después de consultarlo con mi familia para no tener problemas», señaló.
Los acusados que negaron su presencia en el Moll Vell explicaron durante el interrogatorio dónde se encontraban en el momento de los hechos. Varios de ellos aportaron como pruebas tickets de compras en establecimientos comerciales o de gasolina a la misma hora y en lugares diferentes de donde tuvo lugar la protesta, en algunos casos en la península. De hecho, la acusada para la que el Ministerio Público pide cuatro años de cárcel señaló que aquel 22 de julio se encontraba en Tarragona.
Las defensas piden la absolución de todos los encausados, que recibieron el apoyo de una treintena de personas a las puertas de la Audiencia de Palma. «De los doce acusados, solo tres estaban allí, y uno de ellos trabajaba para un medio de comunicación. Los otros han explicado dónde estaban; algunos tienen más pruebas que otros, porque hay que ser conscientes de que las personas no van por la vida con un notario que va levantando acta de nuestras acciones. Los dos que reconocen que participaron en la protesta han explicado que no hubo actos de violencia ni ningún daño. Vamos a esperar a mañana [por hoy] para saber si la policía nos puede explicar cómo hemos llegado hasta aquí», subrayó Josep de Luis después de esta primera sesión.
«Es curioso que a cada uno de los acusados le reconoce un testigo diferente. A una joven a la que le piden cuatro años de prisión son capaces de identificarla diciendo que llevaba un disfraz para dificultar su identificación. Pero hay fotografías y cargos con la tarjeta de crédito que demuestran que estaba en Valls [Tarragona]. No sé cómo hemos llegado aquí», manifestó De Luis.
El letrado se preguntó asimismo por qué la Guardia Civil no actuó en el mismo momento de la protesta. «Tienen una oficina a veinte metros del restaurante. ¿Por qué no intervino si realmente hubo un acto violento? ¿Por qué no hubo detenciones en ese momento? Que la Policía Nacional nos explique por qué empezó a investigar veinte días después y por qué en su atestado no hay ni declaraciones de la Guardia Civil ni de los agentes portuarios», señaló De Luis.
Concentración de apoyo
La regidora de Modelo de Ciudad del ayuntamiento de Palma, y el diputado autonómico Joan Más ‘Collet’, ambos de Més per Mallorca, participaron en la concentración de apoyo a los doce acusados que reunió a una treintena de personas ante la Audiencia Provincial de Palma. «Lo que hicieron estos jóvenes fue denunciar la masificación turística, que ahora todo el mundo sabe que existe y que sufrimos. Se tendrían que dedicar los recursos a otros casos mucho más graves de corrupción. La protesta y la reivindicación social no pueden suponer nunca una condena», señaló Truyol.
También estuvo presente el diputado de la CUP en el Congreso de los Diputados, Albert Botran.
