«Es un desastre. Normal que llamaran desquiciados», dicen desde la Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico (Habtur) su presidente, Antoni Barceló, y su gerente, Maria Gibert, ante las reclamaciones de propietarios de inmuebles con uso vacacional que el martes colapsaron la centralita de la conselleria de Turismo por la nueva ley. Exigen «un decrecimiento equitativo» y seguir representando el 25 % del alojamiento en Mallorca (unas 110.000 plazas), frente al 75 % que está en manos del sector hotelero (cerca de 315.000 plazas).
«Por cada plaza que nos quiten queremos que eliminen una hotelera», defiende Gibert, porque como está planteada la ley «solo decrecemos nosotros —añade Barceló—, por las 90.000 plazas que estimamos están destinadas a desaparecer».
En Mallorca, explican, había unas 110.000 plazas dadas de alta. Con la modificación de la ley turística en 2017 y la moratoria se estableció una bolsa de 28.000. Y en 2018 solo se pusieron a la venta 20.000. Por ello sostienen que unas 90.000 plazas se extinguirán.
Ante la afirmación del conseller de Turismo, Iago Negueruela, de que Habtur está creando «confusión», Barceló replica: «Hemos sido claros y el Govern no es transparente». Desde 2017 la Conselleria «tiene sobre la mesa» sus reivindicaciones y «no solo no lo arreglan, si no que bloquean» la bolsa de plazas.
"Llevamos cuatro normativas y a los grandes hoteleros el Govern les hacen un traje a medida»
«Hemos sido colaborativos para llegar a un acuerdo y se nos había dicho que lo estaban estudiando». La sorpresa mayúscula es que todo «empeora con la congelación de la bolsa». En privado, Negueruela «nos ha reconocido que tiene cierto sentido lo que defendemos, pero públicamente no se ha comprometido a nada», añade Gibert.
Habtur seguirá con la ronda de encuentros con los partidos buscando apoyo. Tras reunirse con PP, El Pi y Ciudadanos están pendientes de que Més les de cita y de verse con Podemos.
La «inseguridad jurídica» que encara el alquiler vacacional se debe a que «llevamos cuatro normativas (ley 2017, zonificación, PIAF y la nueva ley). Por contra, el Govern «ha hecho un traje a medida de los grandes hoteleros».
Restauradores, guías turísticos, taxistas y el sector de la limpieza apoyan a Habtur —«también se van a ver perjudicados»— y «los agroturismos y los hoteles rurales, que revitalizan el interior de la isla, de la noche a la mañana se han quedado sin salida», con reformas y créditos por pagar.
"Negueruela reconoce que tiene sentido lo que defendemos; en público no se compromete»
Desmontan el argumento del Govern que defiende la fórmula del decreto ley para evitar un efecto llamada con la compra de plazas, cuando el proceso se alarga de uno a tres meses». «La ley no dice ‘vamos prohibir el alquiler vacacional’ pero nos lleva a la desaparición». «Se va a fomentar el alquiler ilegal y una despatrimonialización del mallorquín frente al extranjero» que seguirá comprando patrimonio de la isla.
El Pi y Habtur piden «seguridad jurídica»
El presidente del partido regionalista, Tolo Gili, pidió ayer tras reunirse con la patronal que el Govern otorgue seguridad jurídica para las 90.000 plazas de alquiler vacacional existentes después de que se aprobara este viernes el decreto ley de turismo. Gili afirmó que «todas las plazas» de alquiler turístico previas a 2017 no se pueden intercambiar, vender o cambiar de ubicación y, por tanto, están en riesgo de desaparecer porque en este sector existe mucha movilidad, lo que no ocurre en los establecimientos hoteleros.
