La centralita de la conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo quedó colapsada durante la mañana de ayer ante la avalancha de llamadas de los propietarios de alquiler turístico tras la denuncia de Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico (Habtur) en la que afirmaban que el Govern iba a recortarles 90.000 plazas turísticas.
El conseller Iago Negueruela decidió convocar una rueda de prensa al acabar su intervención en el Parlament para aclarar la situación y reconoció el problema que estaban teniendo en las oficinas de la calle Montenegro de Palma. Así, lamentó la «confusión» en relación a las declaraciones de la gerente de la Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico (Habtur), Maria Gibert, porque «no se ven afectados sus derechos».
En un momento de sus declaraciones, explicó que su conselleria había estado recibiendo una gran cantidad de llamadas «por unas afirmaciones que no son ciertas» ya que «han visto que podía afectarles algo que no era así. Desde 2017 esas plazas se están comercializando y estaban fuera de la bolsa de plazas».
Fuentes de la conselleria relatan que llegó un momento en el que los funcionarios quedaron desbordados ante el aluvión de reclamaciones y tuvieron que dejar de coger el teléfono para reunirse y ver cómo gestionaban aquel problema. La «tensión y el caos» fueron una constante en algún punto de la mañana porque los funcionarios no sabían cómo responder ante una situación que superaba sus expectativas.
«No hay ninguna disposición en la nueva normativa turística que haga referencia a la ley de 2017. No hay que generar dudas a estos propietarios», añadió Negueruela. Por ello, reclamó «rigor» y que «no se siembren dudas» en relación a las plazas de alquiler vacacional que no están afectadas por el bloqueo de plazas de la ley de circularidad y sostenibilidad turística.
La reacción de la patronal y los propietarios fue contundente ante la preocupación general. Incluso Habtur tuvo que responder a multitud de llamadas para hablar con propietarios y explicarles cuál era la realidad.
Negueruela reiteró que en el decreto ley no hay «nada de esto» porque no están afectadas por el texto presentado este pasado viernes.
«Fueron reguladas en la ley aprobada en 2017 y, desde ese momento, no se ha modificado su régimen. Bloquear la bolsa de plazas no afecta a ninguna de estas 90.000. La ley no las pone en jaque, simplemente no las regula. No es una ley contra la vivienda vacacional», matizó el conseller.
Los propietarios argumentaron que las plazas turísticas que no fueron adquiridas en la bolsa de plazas impulsada a través de la modificación de la ley turística de 2017 y que, cuando dejen de ser utilizadas, deben ser amortizadas. «Pedimos el mismo trato que los hoteleros, que sí las pueden vender, o que las plazas de alquiler vacacional puedan volver a la bolsa y ser utilizadas para el sector», insistieron.
El presidente de Habtur, Toni Barceló, incidió hace dos días en que su organización no está en contra de la sostenibilidad, circularidad ni del decrecimiento turístico: «Estamos en contra de que todo el recorte caiga sobre el alquiler vacacional».
Fuentes de ambas partes constatan que los afectados no han recibido bien que la norma estuviera consensuada y pactada «únicamente» con los hoteleros, y reclamaron a Negueruela que fuera «claro» en sus explicaciones porque estaban en juego muchas plazas.
