«El Real Club Náutico de Palma (RCNP) es titular de la concesión administrativa en dominio público portuario en el Puerto de Palma». Con este encabezamiento, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 13 de febrero de 2019 y firmado por Juan Carlos Plaza, director de la Autoridad Portuaria de Balears, el Ministerio de Fomento reconoció que la institución palmesana era titular de la concesión administrativa que ya le había renovado en 1994 y, además, hacía pública la solicitud de prórroga y el preceptivo periodo de alegaciones.
Sin embargo ahora, mediante un informe de la Abogacía del Estado emitido a petición de la Autoridad Portuaria de Balears, lo niega y pone fecha de caducidad al club en diciembre de 2022, una comunicación ha hecho sonar todas las alarmas en la junta directiva del club.
Cinco meses antes al mencionado reconocimiento,, el 8 de octubre de 2018, el Real Club Náutico de Palma aprobó en Asamblea el proyecto de remodelación del Club, fundamental para la concesión de la prórroga. Y un día después, el 9 de octubre, lo presentó al público de la mano del entonces presidente de la Autoridad Portuaria de Balears, Juan Gual de Torrella, que con aquel proyecto daba por hecha la renovación de la concesión y únicamente pedía que se construyeran más amarres. "Así fue", reconoce el gerente del club, Jaume Carbonell, que sin embargo indica que no fue el aumento de los amarres la principal indicación de la Autoridad Portuaria, sino que el proyecto debía contar con un aparcamiento. "El aparcamiento subterráneo era un obra con un alto coste económico para nosotros, pero también lo asumimos porque era necesario para la remodelación que exigía la renovación de la concesión", aclara.
El proyecto, con una inversión de 11,8 millones de euros, comprende el derribo del edificio de la antigua cantina del club, en la plaza de sant Elm, la creación de nuevos espacios, la ampliación de la explanada de vela ligera y piragüismo y la creación de un aparcamiento subterráneo de 100 plazas. Todo ello en consonancia al actual planteamiento de esponjar la zona y acercarla al ciudadano.
Un nuevo reconocimiento
Cinco meses después, el 11 de noviembre, el jefe de los servicios jurídicos de Puertos del Estado, Juan Antonio Morillo, confirmó su informe jurídico favorable a la ampliación de la concesión al Real Club Náutico de Palma el el IV Simposio de Clubes Náuticos, según recogió en su día Gaceta Náutica. Es decir, según admite Jaume Carbonell , nada hacía presagiar un cambio tan radical y desfavorable a los intereses del Náutico como el que se establece el informe de la Abogacía del Estado, pues como explica aunque en los inicios el Real Club Náutico de Palma no contará con una concesión, desde el año de su fundación, en 1948, "ha asumido absolutamente todos los costes de las infraestructuras con las que cuenta y del mantenimiento de las mismas. Y de esta forma se le reconoció en 1994, con la prórroga que obtuvo, y se la ha seguido reconociendo hasta ahora".
Con el objetivo de aclarar el alcance del informe de la Abogacía del Estado, el presidente del Real Club Náutico de Palma, Emérico Fuster, acudirá el próximo día 10 de marzo a una reunión en Madrid con el organismo Puertos del Estado, que preside Francisco Toledo y depende del Ministerio de Transportes y Movilidad. Del mismo modo, la junta directiva del Náutico convocará en breve una Asamblea General para tratar de forma pormenorizada con sus socios la problemática que compromete su futuro.
La noticia ha causado una fuerte conmoción en la junta directiva del Náutico de Palma, así como en sus 2.000 socios y 400 clientes. El Real Club Náutico de Palma, fundado en 1948 de la fusión del Club de Regatas y el Club Maritimo, es una de las instituciones más arraigadas en la sociedad palmesana, ligada históricamente a la Familia Real, y con regatas de repercusión internacional, como el Princesa Sofía y la Copa del Rey de vela. Además cuenta con una de las mejores escuelas de vela de España y realiza una labor social con jóvenes en riesgo de exclusión.
