El Govern aprobó ayer apartar de su cargo al presidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), Joan Gual de Torrella, investigado en un caso de presunta corrupción por el supuesto amaño en la concesión de amarres públicos en Menorca y en Eivissa.

En concreto, el Consell de Govern aprobó el acuerdo por el que acuerda "la separación de Joan Gual de Torrella del cargo de presidente de la APB", y lo hizo incluyendo la fórmula habitual de agradecimiento por "los servicios prestados". El acuerdo del Govern debe comunicarse al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana -puesto que la Autoridad Portuaria depende de Puertos del Estado-, y publicarse tanto en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) como en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con todo, el Govern no tiene por el momento un sustituto sobre la mesa para ocupar el cargo, según declaró ayer la consellera y portavoz del Govern, Pilar Costa.

Investigación

Durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, la portavoz, Pilar Costa,recordó que la decisión de cesar a Gual de Torrella se tomó el viernes pasado, después de que fuera arrestado y llevado a dependencias de la benemérita y las sedes de la APB fueran registradas por la Guardia Civil en un operativo anticorrupción.

Gual de Torrella, junto a otros cuatro directivos de la APB, fue detenido -y puesto en libertad provisional horas después- a finales de julio. El caso estaría relacionado con una adjudicación de unos amarres en Menorca y unas licitaciones de contratos públicos, que fueron denunciados. Pese a que desde el PSIB se apeló en un inicio a la presunción de inocencia, la presión de los socios de los socialistas, Podemos y Més, desembocó en que Gual acabara poniendo su cargo a disposición del Govern, decidiéndose entonces apartarlo del cargo pero no pudiendo formalizarse ante la asuencia de Armengol en el anterior Consell de Govern.

El resto de directivos así como técnicos investigados en la causa seguirán en sus puestos en la Autoridad Portuaria, al depender la gestión del ente del Gobierno central, como recordó ayer Costa.