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El sector del ocio nocturno exigirá al Govern que pague por cerrar las calles

Las asociaciones que han recurrido la decisión de Turismo cuestionan la legalidad de esta medida y se quejan de que no ha existido negociación

El sector del ocio nocturno exigirá al Govern que pague por cerrar las calles

Dos de las asociaciones que representan a parte de los empresarios del ocio nocturno afectados por la orden del Govern, quedecretó el cierre de la actividad de cinco calles, como son Abone y Acotur, van a por todas contra el Ejecutivo, al que han llevado ante los tribunales para conseguir que se declare la ilegalidad de dicha decisión. José Tirado, de Acotur, y Jesús Sánchez, de Abone, se entrevistaron ayer con representantes políticos de la oposición para hacerles entrega de una copia de la demanda en la que, entre otras cosas, reclaman la inmediata paralización del decreto de cierre impuesto por el Govern.

Jesús Sánchez denunció que el Ejecutivo, a través de laconselleria de Turismo, ha adoptado medidas drásticas a espaldas del sector del ocio, sin ni siquiera plantearles la posibilidad de abrir un camino de diálogo. Para el responsable de Abone, la medida del cierre de la actividad de estas tres calles (dos en la Platja de Palma y una en Magaluf) no tiene una justificación sanitaria, dado que no se han dado casos de contagios en estas zonas. Además, recordó que poco se podía contaminar en el interior de negocios que todavía no habían iniciado la actividad, pero que no podrán empezar la temporada por la decisión del Ejecutivo.

Cambio de modelo

Según el directivo de esta asociación vinculada al negocio del ocio, esta decisión del Govern responde más a un intento de impulsar el cambio del modelo turístico, que a una justificación sanitaria. E insistió que esta decisión de paralizar la actividad supondrá pérdidas millonarias para el sector, pero que los empresarios tienen decidido demandar al Ejecutivo para exigirle que les indemnice por estos perjuicios económicos. Sánchez, sin embargo, no quiso hablar de cifras sobre pérdidas económicas, si bien recordó que hay negocios que llevan un año cerrados, asumiendo el pago de todos sus gastos, y que tardarán mucho tiempo en recuperarse.

Tanto Tirado como Sánchez coincidieron al denunciar la falta de efectivos policiales en las zonas donde se concentra el turismo de excesos. A su juicio, las imágenes de los turistas montando un escándalo callejerose podrían haber evitado si hubiera más policías patrullando las calles más conflictivas, pero recordaron que hay locales que nunca han sido sancionados y, pese a ello, tienen prohibido empezar la temporada.

Tirado, por su parte, denunció que el Govern ha actuado de forma indiscriminada, ya que se han cerrado negocios situados en estas calles, que no tienen nada que ver con la actividad del turismo masivo, como pueden ser souvenirs o joyerías.

El responsable de Acotur señaló que es cierto que el Govern puede limitar la actividad de algunas empresas por razones sanitarias, y que los negocios están obligados a cumplir las medidas higiénicas. Sin embargo, denunció que a estos negocios ni siquiera se les ha dado la oportunidad de poder demostrar que están cumpliendo con estos protocolos sanitarios, ya que el Ejecutivo ha optado por la decisión más drástica, como ha sido el cierre. Recordó que esta decisión va a afectar a más de 20.000 empleados en este ramo de la actividad turística y señaló que los incidentes que fueron grabados y emitidos no se produjeron dentro de los locales, sino en la vía pública, por lo que no se podía castigar a los propietarios de estos negocios. "Nosotros no demonizamos a ningún turista, sino los comportamientos incívicos", señaló Tirado, que aseguró que los clientes no acudirán a las calles que están cerradas, pero que seguirán bebiendo en otras calles próximas.

Medida cautelar

Por otra parte, el juez de lo Contenciosoha rechazado la medida cautelar de la demanda que han presentado cuatro empresarios de la Platja de Palma, afectados también por el cierre, que pretenden declarar la nulidad de dicha decisión del Ejecutivo. El juez entiende que se ha producido un defecto de forma en la presentación de la demanda y que no se han acreditado las razones de urgencia para suspender la decisión de cierre. Esta decisión del juez afecta a la calle Miquel Pellisa.

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