"Ilegal", "inconstitucional" o "inmoral" son algunos de los términos empleados por el presidente de la asociación de constructores de Balears, Eduardo López, para definir la actitud que el Gobierno central está teniendo hacia su sector, al obligarle a parar su actividad pero no permitir inicialmente que sus empresas recurran a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor. En cualquier caso, este tema ha puesto también en evidencia la dificultad para alcanzar una postura única en el seno del sector inmobiliario, al no querer los arquitectos de las islas formar parte de un comunicado conjunto, junto a constructores y promotores, en contra del Ejecutivo estatal.
Eduardo López fue ayer extraordinariamente beligerante con el Gabinete que preside Pedro Sánchez, al que acusó de vulnerar el principio de igualdad de todos los españoles, ya que en su opinión ha tratado a algunos sectores como si fueran "de primera, y a otros, como a los constructores, como si fueramos ciudadanos de segunda".
El problema parte de que Madrid no paralizó la actividad de las empresas constructoras hasta el pasado fin de semana, pero dando solo la opción de dar dos semanas de permiso retribuido a sus trabajadores, y no de recurrir a los ERTEs como a otras actividades económicas. Eso supone, según Eduardo López, cortar en seco los ingresos para sus empresas pero manteniendo sus gastos, algo que puede hundir a muchas de ellas, según subrayó.
En este sentido, el presidente del sector recordó que una gran parte de las empresas relacionadas con la construcción son de pequeño tamaño, lo que hace que tengan más dificultades para poder soportar una situación como la que se vive actualmente.
Desde este sector se reivindica el poder recurrir también a esas supensiones temporales de los contratos y no tener que afrontar el pago de las cotizaciones a la Seguridad y de impuestos como el de bienes inmuebles por sus oficinas.
En opinión de Eduardo López, el Gobierno central está poniendo en evidencia que trabaja de una forma improvisada y demostrando que tiene prejuicios ante algunas actividades económicas.
La dureza de estas críticas explican en parte que el intento de fijar una posición conjunta de todo el sector vinculado a la vivienda, durante una reunión celebrada el martes, terminara en fracaso.
Esta reunión se realizó por vía telemática y participaron los responsables de las patronales de constructores y promotores, y de los colegios de aparejadores y de arquitectos, en la que todos expusieron su situación. Durante la misma, se puso en evidencia que la actitud más dura frente al Gobierno mantenida por los constructores y, en menor medida, por los promotores, no era compatible con una postura "más blanda" de los arquitectos, que abogaban por no romper la unidad entre el sector privado y el público, según apuntó alguno de los participantes. Respecto a los aparejadores, se señaló que estuvieron más próximos a los empresarios, pero sin llegar a decantarse por ese comunicado en común.
Alabanzas al Govern
Por contra, desde la asociación de constructores no se escatiman alabanzas hacia el Govern balear, "que es del mismo color que el de Madrid", pero que ha respaldado las propuestas esgrimidas por los empresarios. Según Eduardo López, la diferencia radica en que "afortunadamente, aquí manda mucho Francina Armengol.
