El juicio del caso Son Espases ha quedado visto para sentencia tras la propuesta de las acusaciones de que se condene al expresidente Jaume Matas por un delito de tráfico de influencia, además de fraude y prevaricación, y se le condene a un año de cárcel, más el pago de una indemnización de 33 millones de euros.
El juicio ha concluido sin la presencia de los cuatro acusados, que renunciaron a su derecho a la última palabra. La vista se ha limitado a escuchar el informe del fiscal, de la abogada de la comunidad autónoma, del abogado de Mes que actúa como acusación particular, así como del abogado defensor de Matas, que rechaza que su cliente haya cometido un delito de tráfico de influencias.
La fiscalía Anticorrupción mantiene que Matas cometió el delito de tráfico de influencias al intentar influir en la mesa de contratación que debía valorar los distintos proyectos para construir el principal hospital público de Baleares. Y que esta influencia se hizo entregando un sobre a la entonces consellera de Salut, Aina Castillo, donde aparecían las valoraciones técnicas que debían realizar los miembros de la Mesa de Contratación para que eligieran el proyecto que presentaba la constructora OHL, que presidía Villar Mir. Asegura la acusación que el president utilizó su influencia, tanto en el director general de Ibsalut que se encargaba de la tramitación del proyecto, Sergio Beltrán, como después en la Mesa de Contratación, porque quería que la obra se otorgara a una empresa concreta.
El fiscal ha recordado las palabras que dijo Bárcenas en una intervención en el Parlament, en las que afirmó que Villar Mir era uno de los empresarios que aportaba dinero al Partido Popular, afirmación que la intentó ligar con el interés que tenía Matas en que Son Espases lo construyera OHL, aunque después este deseo se frustró y la obra fue concedida a la empresa Fomento, controlada por el empresario Florentino Pérez. Ha señalado el fiscal Carrau que el sobre que entregó Matas a Castillo lo hizo antes de que formalmente la Mesa de Contratación estudiara las propuestas de las empresas, lo que a su juicio demuestra la influencia que desplegó el expresident sobre los funcionarios que estaban a su cargo.
También ha citado el fraude cometido en la contratación de la consultora Global PM (que es el único delito que asume Matas), que se encargó de realizar la valoración técnica de los proyectos, proponiendo la elección de OHL.
La acusación ha dicho que la Conselleria ya había contratado con anterioridad a otra consultora, por lo que se trataba de una doble contratación para realizar el mismo proyecto. "La jerarquía es un elemento de la influencia", recordó el fiscal en su exposición, que recordó que la emprea OHL ha acudido a los tribunales para exigir el pago de 30 millones de euros, que es el dinero que había calculado la empresa que ganaría con el proyecto de Son Espases.
La abogada de la comunidad autónoma, Mariángeles Berrocal, que ha señalado que el intento de Matas de influir en la mesa de contratación de Son Espases "es uno de los hechos más graves que se han cometido en la administración de Baleares". La acusación señaló que "no se había visto nunca" que la Mesa suspendiera una reunión por orden de un político y recordó también que la secretaria se había negado a firmar un acta que se redactó con anterioridad a la reunión de la Mesa de Contratación. La abogacía tiene muy claro que Matas cometió el delito de tráfico de influencias y se solicita al tribunal que le impoga un año de prisión por ello. "Matas no se apartó nunca del proceso administrativo de contratación para conseguir sus objetivos".
El letrado de Més, que ejerce la acusacion particular, ha resaltado que se trataba del mayor amaño cometido nunca en Baleares y ha recordado la cena que mantuvo Matas en Madrid con varios epresarios, en la que les señaló su intención de construir el hospital, así como su ubicación.
El abogado José Zaforteza ha negado que Matas hubiera cometido el delito de tráfico de ifluencias, no así el de prevaricación y fraude, y ha señalado que lo único que se le pede atribuir es la contratación irregular de la consultora Global PM. El abogado ha asegurado que la otra consultora contratada por la conselleria no podía realizar la valoración técnica, porque no disponía de técnicos, ya que su trabajo se limitó a elaborar las bases y pliegos del concurso.
El abogado aseguró que la entrega del sobre de Matas a Castillo formaba parte del fraude y no del ráfico de influencia, dado que si fuera como sostiene la fiscalía, también la exconsellera Castillo deberia responder por este mismo delito.
Zaforteza ha asegurado que era imposible que Matas tuviera capacidad para influir en la Mesa de Contratación, recordando que para cometer este delito debería haber existido un beneficio ecoómico y en este caso no existió.
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