La incertidumbre urbanística que se vive en las islas, con una cascada de nuevas normativas y posibles cambios de calado en las leyes territoriales, así como la regulación del alquiler turístico, ha hecho que las solicitudes de autorización para construir o reformar casas en el campo mallorquín se hayan acelerado de forma importante. Según cifras municipales, en las oficinas de Territorio del Consell de Mallorca han entrado en los últimos meses una media de 60 peticiones mensuales, lo que supondría -de seguir esta tónica- un número cercano a las 700 anuales. En el año 2016, el último que el Consell tiene cerrada su estadística, se autorizaron 291 construcciones de nueva planta. Un incremento que sería más del 100%.
Hay que tener en cuenta que las solicitudes de licencias para construir en suelo rústico las canalizan los ayuntamientos, pero el Consell las debe autorizar antes de que el respectivo consistorio otorgue el permiso para empezar a construir. Este acelerón se ha producido desde el mes de octubre de 2017 a marzo de este año. Principalmente en esta época se estaba en pleno debate de la zonificación del alquiler turístico y el Govern estaba ultimando la Ley de Urbanismo de les Illes Balears, que entre otras cosas prohíbe ampliar inmuebles que no tengan parcela mínima pese a que sean legales en el ordenamiento urbanístico.
Asimismo, el Consell había anunciado la reforma del Plan Territorial de Mallorca y sobre la mesa se arrojó la posibilidad de elevar la parcela mínima, que ahora está fijada en 14.000 metros cuadrados, al igual que la reducción de la edificabilidad. Estas cuestiones también crearon controversia entre los propietarios isleños que han decidido en los últimos meses empezar a tramitar los permisos para adelantarse a futuras restricciones en el suelo rústico de Mallorca.
La Consellería insular de Territorio, Mercedes Garrido, reconoció que "las peticiones han aumentado y es cierto que todo el debate de la posible ampliación de la parcela mínima y la regulación del alquiler turístico han ayudado a este incremento de solicitudes que han llegado al Consell". No obstante, Garrido apuntó también como posibles causas que se ha notado la salida de la crisis y muchos propietarios tienen liquidez para afrontar la reforma o construcción de una caseta de nueva planta en su parcela situada en suelo rústico.
El informe de la Comisión Balear de Medio Ambiente, instando al Consell a que en la reforma del Plan Territorial abordase aumentar la parcela mínima para construir en suelo rústico para evitar la "terciarización" del campo, adelantado por este periódico, también provocó la incertidumbre entre los promotores al no tener claro lo que pudiera pasar en un futuro con las nuevas normas urbanísticas.
"La parcela mínima no se toca"
"La gente puede estar tranquila, ya que en esta legislatura la parcela mínima no se tocará y seguirá en 14.000 metros cuadrados, pese a lo que diga el Govern en su informe de impacto ambiental sobre el Plan Territorial", apuntilló Mercedes Garrido. La consellera insular de Territorio explicó también que, a raíz de las duras peticiones ambientales exigidas por la conselleria de Medio Ambiente del Govern para dar el visto bueno al nuevo Plan Territorial, este documento urbanístico no se aprobará durante esta legislatura, por lo que "si el Plan Territorial no se modifica, tampoco se tocará la parcela mínima".
Lo que también influyó de forma especial a crear la incertidumbre fue la nueva Ley de Urbanismo de las Islas Balears (LUIB), que entró en vigor el pasado 1 de enero, y dejó sin ninguna posibilidad de ampliación o construir porches y piscinas adyacentes a más de 6.000 inmuebles legales ubicados en suelo rústico. La normativa incluye una disposición adicional donde impide el incremento de edificabilidad en aquellos inmuebles que estén ubicados en una extensión que no tenga la parcela mínima de 14.000 metros cuadrados. Son legales porque fueron construidos antes del año 1995 en que entró en vigor la exigencia de parcela mínima, pero ahora tampoco podrán ampliarse y, lo más importante, no podrán contar con piscinas o porches.
Una de las preocupaciones de Govern y de Consell era la avalancha de peticiones para construir piscinas y de ampliaciones, con el claro objetivo de destinar los inmuebles rústicos al alquiler vacacional. Por ello sacaron adelante esta disposición adicional en la LUIB. Una circular del Colegio de Arquitectos alertaba de esta modificación en el último tramo del año 2017. Este hecho, junto a la rumorología en los ayuntamientos, provocó una reactivación de las solicitudes de permisos para reformar las viviendas en el campo, especialmente aquellas que fueron construidas con anterioridad a los años 90 y que no contaban con los 14.000 metros cuadrados. Algunos ayuntamientos vieron cómo el miedo de los propietarios motivaba que se triplicaran las solicitudes de licencia en suelo rústico.
Mercedes Garrido también reveló un dato a tener en cuenta a la hora de evaluar el crecimiento de peticiones de autorización. Las obras en inmuebles cercanos a carreteras han aumentado de forma importante, al igual que las cédulas de habitabilidad, un documento imprescindible para poder regularizar una vivienda y dedicarla al alquiler turístico.
Las cédulas de habitabilidad las expide el Consell y en 2016 ya se dispararon. En concreto, el porcentaje de aumento se fijó en un 20% respecto al año 2015. Ello significó que ese año el Consel emitió unas 1.500 cédulas de habitabilidad más que el año anterior. En este caso, la vorágine por dedicar la vivienda al alquiler vacacional fue la principal causa.
Sobre el acelerón de las solicitudes de autorización, Mercedes Garrido recordó que "los propietarios tienen que tener en cuenta que la Ley Company introdujo la caducidad, por lo que en el caso de no ejecutar la licencia vía municipal pueden prescribir".
De igual modo, en el Consell han advertido otro dato que también deja evidencia del incremento importante de actividad constructora en el suelo rústico de Mallorca. Las solicitudes para extender redes eléctricas llevan unos años incrementado y en los últimos seis meses en cada una de las Comisiones de Urbanismo de la institución insular se informan entre cuatro y cinco. Las redes eléctricas se extienden para poder llevar la electricidad a una vivienda rústica en una zona donde no existe posibilidad de conectar a la red general. Por ello, los propietarios deben pagar el tendido de las mismas para contar con energía eléctrica en su inmueble.
