"La ley del alquiler turístico ha nacido muerta". La frase es doblemente excepcional. Primero, porque no constan precedentes en la historia democrática balear en los que una normativa tan importante como la aprobada el martes careciese de utilidad desde el mismo momento de aprobarse. Y segundo, porque es probablemente la primera vez en la que el autor de la frase, el presidente de la asociación del alquiler turístico (Aptur), Joan Miralles, y el conseller de Turismo y vicepresidente del Govern, Biel Barceló (Més), comparten tan rotundamente un diagnóstico. Ambos creen, como todos los juristas y especialistas consultados por el Govern y por este diario, que la legislación modificada en el último momento por Podemos no sirve para perseguir con solvencia lo que más quería castigar Podemos: el alquiler turístico en bloques de pisos.
"El cambio introducido por Podemos y PP hace que la ley aprobada sea un Frankenstein. Así no se puede quedar: estaba construida para perseguir el alquiler ilegal en pisos de edificio plurifamiliar, pero al no incluir en la ley esa tipología de alquiler, nos hace más difícil de lo que ya era aplicar las sanciones previstas", confirma Barceló, que asume que la única solución es corregir el desastre. Y rápido: mientras no lo hagan, el alquiler en bloques plurifamiliares no es ilegal, aunque tampoco esté autorizado, con lo que muchos lo seguirán haciendo, pero ahora sin amenaza, toda vez que en el Govern no saben siquiera si las nuevas multas de hasta 40.000 euros las nuevas multas de hasta 40.000 euros pueden castigar a unos pisos que no están englobados ya en la ley turística.
Ganan así peso los análisis más alarmantes que siguieron, durante la tarde del martes, a la aprobación de la normativa. Entonces, juristas del Parlament, diputados que habían seguido de cerca el desarrollo de la ley de alquiler turístico y altos cargos del propio Govern advertían de que era muy posible que el cambio introducido por el voto conjunto de PP y Podemos impidiese multar el alquiler turístico en pisos de edificios plurifamiliares. La razón fundamental es que en esa votación se derogó el artículo de la anterior ley en la que se prohibía el alquiler a turistas de ese tipo de viviendas (el piso de 3ºC o del 5ºA), al tiempo que se contemplaban expresamente dos únicas opciones, el arrendamiento a viajeros de casas aisladas o chalets adosados.
A partir de ahí, y aunque la ley aprobada supone multas más duras, la administración que las firme se expondrá a perder en los tribunales. Así se lo han transmitido al Govern sus propios juristas y gabinetes jurídicos externos de prestigio, que confirman el temor del vicepresident Barceló: si se lanzan a sancionar a pisos es probable que pierdan sentencia tras sentencia. Con el consiguiente ridículo y coste para las arcas públicas.
Ofensiva abortada
¿Consecuencias? La Conselleria de Turismo ha suspendido hasta que todo esto se aclare la campaña masiva de sanciones que tenía planeada una vez que entrase en vigor la nueva ley, que si un potencial tenía era que facilitaba la persecución del alquiler ilegal: con su planteamiento original (el previo a la mutilación de Podemos), solo podían anunciarse en AirBNB y similares pisos con número de autorización de Turismo, con lo que bastaba cruzar el registro oficial con la oferta de las webs de alquiler para encontrar a los infractores y castigar con hasta 40.000 euros de multa a los dueños y hasta 400.000 a las plataformas que los publicitaban.
Ahora eso ya no está claro. "Lo que nos dicen los juristas es que podemos sancionar el alquiler en pisos, pero es más fácil para el infractor atacar en los tribunales las multas que les pongamos. Si no hubiesen introducido ese cambio, no estaríamos así", explican en fuentes de Turismo. Es decir, la legislación pensada para perseguir la ilegalidad en pisos turístico no da garantías a quien tiene que aplicarla. "Ni acabas con la inseguridad jurídica para los propietarios, ni frenas el alquiler en pisos de edificios plurifamiliares, ni facilitas la sanción", lamentan Turismo, donde desde la aprobación de la nueva ley en su versión cercenada por la pinza PP-Podemos buscan opciones para reparar los daños.
Hay que volver a votar
¿Qué soluciones hay? Ninguna fácil. La primera estrategia que se planteó Turismo es desarrollar la ley por reglamento, y ahí recuperar la prohibición en plurifamiliares. Pero eso tiene una amenaza, dicen: las normativas autonómicas sobre alquiler que han sido tumbadas en tribunales cayeron por desarrollar un reglamento de aplicación más duro que la ley original.
Otra opción sería regular por decreto ley del Govern, pero el riesgo es el mismo: que los tribunales lo paren inmediatamente. ¿Qué queda? El vicepresident Barceló lo tiene claro: "La solución responsable es sentarnos con Podemos y arreglarlo. Está claro que la ley no puede quedar así. Si no la cambiamos tenemos un problema de inseguridad jurídica y si corregimos por reglamento se pueden hacer muchas cosas, pero sin base jurídica clara".
Con lo que las vías a explorar pasan por volver a votar en el Parlament, dicen tanto en Turismo como en fuentes de Presidencia y de los grupos parlamentarios. Plantean así aclarar lo de los pisos en plurifamiliares en otra ley en trámite, como por ejemplo la de Vivienda, que podría incorporar una modificación que arreglase el desaguisado lo más pronto posible. Otra alternativa es buscar una proposición de ley o una modificación que introdujese otra vez el alquiler en pisos entre las modalidades turísticas, dejándolo sujeto a que los Consells y el Ayuntamiento de Palma definan dónde lo admiten (como decía la regulación antes de que Podemos la dinamitase).
¿Están dispuestos en Podemos a sentarse con el Govern? Pues sí y no, que esa es otra: mientras el diputado que lideró la negociación hasta el desastre final, Salvador Aguilera, sigue en sus trece de que todo está correcto y todos los juristas salvo la suya se equivocan, otros miembros del partido quieren solucionar lo ocurrido y darle la prioridad a lo que, dicen, siempre motivó su acciones, quizá hasta el error por exceso de celo: frenar el desmadre del alquiler de pisos.
Si nada de eso funciona, el líder del PP, Gabriel Company, planteaba ayer otra alternativa: "El PP derogará en 2019" esta regulación, decía, augurando de paso su victoria en las próximas autonómicas.
