19 de julio de 2017
19.07.2017
La situación del alquiler turístico

El desbarajuste en Podemos deja en el aire hasta las multas a los pisos turísticos

El arrendamiento en plurifamiliares deja de estar prohibido, pero tampoco está autorizado: los gobiernos insulares decidirán si lo aceptan en alguna zona - Las multas se disparan: hasta 400.000€

19.07.2017 | 00:33
El desbarajuste en Podemos deja en el aire hasta las multas a los pisos turísticos

Ayer era el día clave de la legislatura: el llamado a marcar un nuevo comienzo y poner orden en la jungla de alquiler ilegal, masificación turística y residentes sin acceso a la vivienda en la que ha devenido el negocio de alojar a turistas en casas y pisos. Pero ayer no fue ese día. Más bien fue el contrario: desde ayer la situación del alquiler vacacional es más confusa que nunca. Tras dos años de diálogo con todas las voces de la sociedad balear y de trabajo técnico, jurídico y político en la Conselleria de Turismo (Més) del Govern, han bastado dos semanas de negociación caótica por parte de Podemos para acabar ayer conduciendo justo al último sitio al que Podemos quería llegar: a dejar en el aire el alquiler en pisos de edificio plurifamiliar, punto sobre el que decidirán ahora los Consells y el Ayuntamiento de Palma.

Lo harán por acción de Podemos y, al tiempo, sin que Podemos sepa siquiera por qué se ha llegado a este punto. Estaban decididos a que el alquiler de pisos en edificios plurifamiliares a turistas en pisos estuviese más perseguido y castigado que nunca, y apretaron al Govern para que endureciera la normativa. La última amenaza fue la que acabó de provocar el lío: si el Govern no aceptaba invadir las competencias del Ayuntamiento de Palma y los Consells Insulars y prohibía ayer mismo el alquiler en todos los pisos de Palma y la isla Eivissa (las zonas en las que más difícil es para los residentes conseguir pisos a precios al alcance de sus nóminas), Podemos aceptaría toda la ley del Govern del Pacto, salvo un artículo, el 49, en el que votaría con el PP para que se mantuviese en vigor la formulación del Govern Bauzá (PP) en 2012 y solo se admite el alquiler en casas aisladas y adosadas. Es decir, la cosa quedaba como estaba hasta ayer, vaya, pero tras derogar por el camino algo clave en la legislación de Bauzá: al tiempo que autorizaban de nuevo el turismo en casas unifamiliares, derogaban con la nueva normativa la prohibición expresa de alquilar en pisos de edificios plurifamiliares (el apartamento del 4ºC o el pisito del 2ºA). Con lo que hoy alquilar los pisos no es ilegal, pero tampoco está expresamente autorizado.

El resto de la reforma se aprueba como pretendía el Govern. Y eso supone que, desde la exposición de motivos, se hable de la necesidad de regular el alquiler turístico en edificios plurifamiliares. Las alusiones son constantes a esa modalidad, que luego desaparece por la acción conjunta ya explicada de PP y Podemos. "Es un texto que estaba bien trabajado y ahora es incoherente por culpa de ese cambio", reconocía al acabar un diputado. Más optimista se mostraba el vicepresident del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló, que pese a ver tambalearse la ley que ha trabajado dos años como consecuencia de una estrategia fallida de otro partido, cree que la situación es salvable. Según explica, como quiera que el alquiler en plurifamiliares ya no está prohibido (tampoco autorizado), y al tiempo la ley alude a ese tipo de arrendamiento de forma constante, Barceló cree que los Consells y el Ayuntamiento de Palma podrán ahora decidir en qué zonas lo admiten, como pide la ley.

Para hacerlo tienen un año de plazo. En ese tiempo y desde ayer, en Balears está activa una moratoria sobre el alquiler vacacional: hasta que los Consells y Palma no concluyan su trabajo y digan en qué zonas se permite el arrendamiento, los propietarios no podrán dar de alta nuevas viviendas para viajeros. Con lo que los próximos meses solo podrán seguir alquilándose a turistas las casas aisladas, adosadas y entre medianeras que ya cuenten con licencia (70.000 plazas).

Hacia el decrecimiento turístico

A esa moratoria se suma desde ayer un techo real de plazas: de aquí en adelante, para autorizar una cama turística de cualquier tipo (hotel, alquiler, agroturismo, lo que sea) habrá que dar de baja otra. Y por el camino el vicepresident Barceló asegura que irán eliminando hasta 100.000 plazas que se han dado de alta desde 1998 sin acudir a ese sistema de solo abrir una cerrando otra. Eso no supondrá privar a nadie de derechos adquiridos: únicamente se suprimirán las que voluntariamente se vayan dando de baja, que no volverán a repartirse.

La nueva ley fija además límites tales como que solo se puedan alquilar a turistas tres viviendas por propietario o que únicamente se puedan ofrecer inmuebles con más de cinco años. Además, las comunidades de vecinos, por mayoría, deben dar el visto bueno al arrendamiento vacacional. La ley se completa con multas más duras y fáciles de aplicar. Quien anuncie viviendas sin número de registro de turismo puede ser sancionado con entre 20.000 y 40.000 euros, y las plataformas que recojan esos anuncios ilegales (tipo AirBNB) se exponen a entre 40.000 y 400.000 euros de castigo. Y serán fáciles de cazar: bastará cruzar los números de registros con los anuncios de cada web.

Solo el galimatías de Podemos amenaza estas sanciones: según advertían ayer los servicios jurídicos del Parlament, como quiera que la ley al final solo considera turístico el alquiler en casas aisladas y adosadas, cabe la posibilidad de que las multas no se puedan poner a los dueños de pisos. Si esto fuera así (hay juristas de otra opinión),con su estrategia, Podemos habría salvado de las nuevas multas más duras de Turismo a los pisos a los que quería castigar con más contundencia.

En el Govern están al tanto y aseguran que hoy analizarán de nuevo todo con los servicios jurídicos de la comunidad. Es decir, el día después de aprobar la ley clave de la legislatura, el Pacto estudiará qué es exactamente lo que han aprobado.

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