La escasez de vivienda nueva existente en Balears está provocando que sus precios estén aumentando a una velocidad excesiva, cercana al 10% durante este año y que en 2017 se moverá entre un 10% y un 12%, según el pronóstico realizado ayer por el presidente de la asociación de promotores de las islas, Luis Martín. A ello añade una acusación contra las Administraciones isleñas: algunas de las medidas que están adoptando sin buscar el consenso político y social, y la inseguridad jurídica que ello genera, mantienen paralizadas inversiones por valor de más de 500 millones de euros.

Martín compareció para presentar su candidatura como presidente, cuya reelección quedó confirmada en las elecciones de ayer al ser la única presentada, y destacó que las islas, y muy especialmente Eivissa y Mallorca, presentan un serio problema de escasez de viviendas para residentes. Al respecto, puso de relieve que en el archipiélago se están edificando actualmente unas 1.000 al año, con el agravante de que la mitad son chalés para extranjeros o españoles de alto nivel, una cifra que no basta ni para cubrir las necesidades de Palma (se estima que este municipio precisa de unas 1.400 por año), y que no alcanza ni la mitad de las que el archipiélago precisa para atender la demanda de su población, estimadas entre 2.000 y 2.500 por ejercicio.

Hay que tener en cuenta que el Instituto Nacional de Estadística (INE) pronostica que la población balear seguirá aumentando una media de 2.400 personas por año durante los próximos diez ejercicios,

La debilidad de la oferta residencial se debe, apuntó Martín, a que el precio del suelo resulta excesivo y a la lentitud con que las Administraciones realizan sus trámites.

Según subrayó el presidente de los promotores, esta escasez de inmuebles está haciendo que sus precios, pese a tener un punto de partida bajo, están creciendo ya a una velocidad que calificó de excesiva. En concreto, afirmó que los precios están aumentando este año en tasas próximas a "los dos dígitos" (es decir, cerca del 10%) y pronosticó que durante 2017 lo harán a ritmos que se moverán entre el 10% y el 12%.

Martín opinó que las dificultades que en este momento existen para acceder a una residencia pueden terminar generando una dura respuesta social y, al contagiar también al mercado de la segunda mano y del alquiler, suponer una traba para que los trabajadores temporales del sector turístico puedan venir a las islas.

El problema, según Luis Martín, es que las Administraciones isleñas, en lugar de adoptar iniciativas para ayudar a hacer frente a este desequilibrio, lo están empeorando, con la adopción de medidas "sin consenso político y social" como en el caso de la reciente modificación de algunos artículos del Plan General de Palma, mientras que otras se siguen demorando, como la elaboración de las leyes de la vivienda o del suelo.

La inseguridad jurídica que todos estas situaciones generan están manteniendo paralizadas inversiones por un valor superior a los 500 millones de euros, según estimó el presidente de los promotores, con los correspondientes perjuicios sobre el empleo.

Además, señaló que resulta absurdo que la normativa vigente en municipios como Palma este obligando a levantar viviendas de 120 metros cuadrados y unos precios que el bolsillo de la mayoría de los residentes no puede asumir (de 2.000 a 3.000 euros por metro cuadrado), cuando la demanda actual se mueve en torno a las de 45 metros cuadrados y con precios más bajos.

Luis Martín consideró que se debe apostar por un consumo limitado de territorio, de ahí que se defienda la posibilidad de hacer pisos más pequeños, pero también más alturas en la edificación, con mayores restricciones en la primera línea, pero con la opción de alcanzar las 10 o las 15 alturas en calles como la palmesana Aragón, siempre y cuando estén dotadas con suficientes plazas de estacionamiento y amplias aceras.