El Consell de Govern ha acordado hoy iniciar la tramitación de un anteproyecto de ley de modificación de la normativa de función pública con los objetivos de fijar el catalán como requisito en este ámbito y la supresión de la retribución vitalicia de funcionarios conocida como nivel 33.
El portavoz del Govern, Marc Pons, ha informado en rueda de prensa de este acuerdo y ha aclarado que todos los funcionarios que hayan desempeñado cargos políticos y que se benefician del indicado complemento vitalicio, incluidos los del anterior ejecutivo balear del PP, tienen derecho a cobrarlo hasta que se modifique la ley.
Según explica el acuerdo, con esta modificación, que podría darse por aprobada en un par de meses, se intenta evitar situaciones que puedan ser entendidas como "discriminatorias e injustas" ante la ciudadanía.
En cuanto a que el catalán vuelva a ser requisito en la función pública, el portavoz ha destacado que con ello se pretende recuperar el estatus que perdió esta lengua durante el Govern del PP, con el fin de que vuelva a tener "presencia" en la Administración.
En este sentido, ha destacado que la Administración cumplirá lo que diga la normativa, ya que los afectados tienen derecho a cobrar el polémico suplemento mientras la normativa esté vigente.
Según explica el acuerdo, con esta modificación, que podría darse por aprobada en un par de meses, se intenta evitar situaciones que puedan ser entendidas como "discriminatorias e injustas" ante la ciudadanía, en su afán de avanzar en materia de transparencia y proximidad, participación y normalización de la función pública.
En cuanto a que el catalán vuelva a ser requisito en la Administración, el portavoz ha destacado que con ello se pretende recuperar el estatus que perdió la lengua durante el Govern del PP, con el fin de que vuelva a tener "presencia" en la función pública.
Ha señalado, en este sentido, que se quiere garantizar que la ciudadanía pueda ser atendida en catalán si así lo requiere.
El acuerdo recuerda que una modificación de la ley de función pública realizada en 2012 suprimió el requisito del conocimiento del catalán para el acceso a la Administración en las islas y para la provisión de los puestos de trabajo.
El anteproyecto de ley defiende la ley de normalización lingüística de 1989, que reivindica el uso del catalán como símbolo de identidad de la comunidad.
El acuerdo también se refiere al acuerdo de gobernabilidad de Baleares, en el sentido de que la Administración Pública debe convertirse en una herramienta "práctica, ágil y más próxima a la ciudadanía".
