La presidenta del Govern, Francina Armengol, aseguró ayer que la sociedad balear es ahora "más decente" tras devolver la asistencia sanitaria al colectivo de inmigrantes sin papeles y personas sin recursos aprobada el pasado viernes. La líder del Ejecutivo autónomo realizó estas declaraciones tras abrir las puertas del Consolat de la Mar, acompañada por las conselleras de Salud, Patricia Gómez, y la de Servicios Sociales, Fina Santiago, a entidades sociales y asociaciones de inmigrantes para explicarles el alcance de la medida y qué deben hacer para obtener el documento que les permita usar sin trabas los recursos asistenciales que ofrece el Servei de Salut.
Una medida que comenzó a materializarse ayer, primer día laborable en el que estos colectivos solicitaron cita para presentar la documentación que les permita recibir la acreditación para que se les asigne un médico y una enfermera de cabecera en sus centros de salud, para que puedan ser derivados al facultativo especialista en un hospital de agudos y para beneficiarse de un descuento del 60% en los fármacos prescritos.
Por de pronto, ayer ya fueron citadas 8 personas para obtener la citada documentación: tres de ellas en la gerencia de Atención Primaria de Escola Graduada, dos en los servicios centrales del IB-Salut ubicados en la calle Reina Esclaramunda de Palma, uno en el centro de salud de Trencadors de Llucmajor y otros dos en el hospital Mateu Orfila de Menorca, informaron fuentes del Servei de Salut que, no obstante, no pudieron precisar cuántos de ellos se llevaron a casa el documento acreditativo con los profesionales de su centro de salud a los que han sido asignados.
Recuerdo emotivo
Tras la reunión, la propia presidenta explicó que uno de los momentos más emotivos del encuentro se produjo cuando recordaron al fallecido inmigrante senegalés Alpha Pam, que murió en su domicilio de Can Picafort en abril de 2013 a consecuencia de una tuberculosis mal diagnosticada, convirtiéndose en la primera víctima "colateral" del real decreto 16/2012 promulgado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que retiraba la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.
Armengol se congratuló y reconoció al Servei de Salut el esfuerzo y la diligencia desplegados para hacer posible en tan solo 15 días el retorno de la asistencia sanitaria a estos colectivos, hecho que recordó que era un punto irrenunciable del acuerdo de gobernabilidad suscrito por el actual tripartito que sustenta al Govern.
Por su parte, la consellera de Salud matizó que los puntos de citación para regularizar la situación de estas personas se mantendrán durante unos tres meses y que, una vez transcurrido este periodo, la posibilidad de hacer estos trámites se extenderá a los departamentos de admisión de todos los centros de salud de las islas.
Preguntada sobre cuáles habían sido las principales inquietudes que les habían trasladado las asociaciones de inmigrantes, Patricia Gómez enumeró, en primer lugar, los compromisos de pago librados por algunos departamentos por la asistencia prestada a inmigrantes en situación irregular, muchos de ellos de forma errónea ya que real decreto 16/2012 admitía la asistencia universal y gratuita en las asistencias prestadas en urgencias.
Inquietud
Fuentes asistentes a la reunión explicaron que muchos inmigrantes que disponen de tarjeta de residencia están preocupados por este hecho ya que este documento no puede ser renovado a nadie que mantenga deudas con la Administración como puede ser estos compromisos impagados. No obstante, la consellera se comprometió a anularlos o devolverlos en la medida que sea posible.
Tras los compromisos de pago, Gómez señaló los problemas para desplazarse hasta los puntos de atención y el idioma como los restantes motivos de preocupación entre los colectivos de inmigrantes para poder acogerse a este proceso de "regularización" sanitaria. Por último, la consellera Santiago recalcó que los inmigrantes les trasladaron su satisfacción porque el Govern les vuelva a recibir y a reparar en ellos y recordó como ejemplo que durante los últimos cuatro años se les ha negado una renta mínima que antes sí percibían estos colectivos.
