Una antigua alto cargo administrativa del Consell de Mallorca, Coloma Castañer, que ocupó la secretaría técnica en el departamento de Cooperación local, se ha convertido en una nueva arrepentida. Ayer confesó ante el tribunal que la juzga que el Consell manipuló dos concursos públicos para adquirir sillas que se repartieron por diferentes ayuntamientos, y beneficiar así a personas afines a Unió Mallorquina, el partido que administraba esta institución insular.
Al no llegarse a un acuerdo definitivo entre la fiscalía Anticorrupción y las defensas, finalmente ayer el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia inició el juicio del denominado caso Cloaca. Se trata de un asunto de corrupción derivado de unas graves irregularidades descubiertas en el Consell de Mallorca. Por ello se sientan en el banquillo, además de Coloma Castañer, la exconsellera Catalina Julve y los empresarios Simón Galmés, César García y Miguel Rullán. Todos ellos están acusados de graves delitos y la fiscalía reclama siete años de cárcel para Castañer y Julve, aunque con toda seguridad modificará esta propuesta para la primera de ellas. Para Galmés, antiguo militante del partido de Manacor ALM (que después fue absorbido por UM), también se piden siete años de cárcel, mientras que para los otros dos empresarios, ambos próximos al partido, se solicitan cuatro años de prisión.
Compra innecesaria
El juicio se centra en una serie de contrataciones. Dos de ellas se refieren a un proyecto para comprar sillas, que fueron repartidas por varios pueblos. Castañer explicó ayer que, pese a "que no era necesario", se acordó contratar la compra de estas sillas, para agotar el dinero del presupuesto. Y se acordó amañar el contrato público para beneficiar a empresarios próximos a Unió Mallorquina.
La exsecretaria general del Consell de Mallorca nombró a Miquel Riera, antiguo alcalde de Manacor y conseller de Medio Ambiente, que según su persona de confianza ordenó el amaño de los contratos. Riera falleció de forma repentina en enero de 2006 y un mes y medio más tarde fue sustituida en el cargo por Catalina Julve, que fue quien finalmente firmó el segundo de los expedientes.
El primer contrato fue adjudicado a la empresa Almacenes Rullán. El segundo se lo adjudicó Simón Galmés, militante del partido que lideraba Riera en Manacor y amigo de la infancia. En este contrato la administración insular invitó también a la empresa Rullán, aunque presentó una oferta más cara para dar apariencia al contrato amañado. Coloma Castañer explicó que en el sistema de funcionamiento que se había aplicado en la conselleria de Medio Ambiente del Consell de Mallorca no se tomaba ninguna decisión sin que previamente lo autorizara el conseller. Aunque Catalina Julve no impulsó ninguno de estos contratos ni dio ninguna orden indicando que se amañaran, según Castañer, pudo pararlos, "pero no lo hizo". Catalina Julve (que todavía no ha declarado) va a apelar a su inexperiencia política y a que todo el expediente había sido aprobado por los técnicos.
El otro de los acusados que declaró fue Simón Galmés, quien fue contratado para controlar a las empresas adjudicatarias de la recogida selectiva de Mallorca, a cambio de un sueldo mensual de 9.000 euros. La fiscalía mantiene que el acusado no se preocupó por desarrollar este trabajo, ya que no presentaba los informes sobre el estado de estos punto de recogida de residuos. Sin embargo, el acusado afirma que sí cumplía con este trabajo y que rendía cuentas a un funcionario.
