El juzgado de instrucción 9 de Palma, que instruye el llamado caso Cloaca, una presunta trama de desvío de fondos públicos en el anterior y el actual Consell Insular, investiga si 70 cheques y pagarés del empresario Simón Galmés, el inspector del reciclaje de basuras de esa institución e imputado en el sumario, por cantidades de entre mil y seis mil euros acabaron en manos de Unión Mallorquina (UM).
Galmés, defendido por Margalida Galmés, es uno de los principales imputados en el caso Cloaca. El empresario de Manacor fue uno de los fundadores de UM en dicha localidad y es sospechoso de cobrar 9.000 euros al mes por controlar la recogida selectiva de basuras, un servicio prestado por dos UTE cuyos directivos también están encausados.
Las concesionarias de la recogida selectiva abonaban ese dinero a Galmés por orden del Consell, pero luego repercutían el gasto en lo que facturaban a la institución insular. Los gestores de esas UTE ya manifestaron en su día a la conselleria de Medio Ambiente del Consell la inutilidad de ese servicio. Por otro lado, en dicho departamento apenas constan datos del trabajo realizado por Galmés, del que se sospecha recibió ese contrato por su condición de militante de UM.
La pista del dinero
Los investigadores del caso Cloaca presumen que Galmés pudo desviar parte de los 9.000 euros mensuales a su partido o a dirigentes del mismo. El Grupo de Delitos Económicos y la Agencia Tributaria están rastreando todas las operaciones realizadas por Galmés y sus empresas, entre ellas unos llamativos cheques y pagarés cargados de manera periódica en cuentas corrientes de las empresas STC Balear y Ses Nostres Eines, vinculadas a Galmés.
El empresario encausado manejaba cuentas en diferentes entidades bancarias, donde se produjeron transferencias periódicas entre cuenta y cuenta, así como cargos de 70 cheques–pagarés.
El juez ha pedido a esos bancos cuanta información dispongan sobre el destino de esos cheques-pagarés, si fueron cargados a otras entidades o cuentas, si fueron compensados en efectivo, quién los cobró, fecha del cobro, etc.
Estos cheques-pagarés fueron cargados de forma periódica a lo largo de varios años. La mayoría tienen importes redondos (mil, dos mil, seis mil euros, pero algunos tiene picos de varios cientos de euros. Galmés también está acusado de un presunto fraude al Consell al recibir a dedo un contrato de casi 30.000 euros para proveer de sillas de plástico. Según la Policía, ese contrato pudo ser amañado por Catalina Julve, exconsellera del Consell.
