Antonio Pinal, el accionista mayoritario de la constructora Bruesa, deberá aclarar esta tarde ante el juez Castro si financió la compra y reforma de la sede del Partido Popular (PP) de Balears hacia 2003-2004 y si lo hizo a cambio de contratos con Administraciones públicas gobernadas por esa fuerza. Pinal es el primer imputado en la pieza separada 28 del caso Palma Arena abierta para esclarecer la presunta financiación ilegal del PP.
La declaración del constructor gallego ha sido señalada a las cuatro de la tarde, para dar pie al interrogatorio anterior de tres testigos: el extesorero del PP nacional Luis Bárcenas; Maria Umbert, la exjefa de gabinete del expresident del Govern Jaume Matas; y Sergio Bertrán, exresponsable del Ibsalut y hombre de confianza del citado Matas.
Pinal ha sido imputado merced al testimonio de Bárcenas y de Javier Rodrigo de Santos, exteniente de alcalde de Urbanismo de Palma por el PP.
De Santos fue el primero en acusar a Pinal, en julio pasado y ante el fiscal anticorrupción Pedro Horrach. El exregidor explicó que el constructor le había confesado que pagó las oficinas del PP para conseguir un pelotazo urbanístico con los terrenos militares de Son Busquets y Automóviles, una operación que finalmente no se hizo.
El empresario también manifestó al testigo que, como trabajaba con frecuencia en Euskadi, financiaba al PP y al PSOE. De hecho se sospecha que también pudo dar dinero para la sede del PP en el País Vasco.
Antonio Pinal dijo a De Santos que se sentía perjudicado por no haber ganado la adjudicación para reformar el barrio de sa Gerreria de Palma y que el PP le debía compensar por ello.
Por su parte, Luis Bárcenas manifestó, el pasado 21 de enero, ante la comisión de investigación del hospital de Son Espases del Parlament que Pinal fue uno de los empresarios que financiaron la compra de la sede del PP en la calle Palau Reial.
Bárcenas tendrá que aportar el nombre de los otros contribuyentes y aclarar por qué motivos regalaron ese dinero
El extesorero, que está acusado en una de las mayores supuestas tramas de corrupción del PP a escala nacional (Gürtel), siempre ha mantenido que los donativos que su fuerza recibió de empresas y otros particulares, y que quedaron reflejados en sus famosos "papeles", no tuvieron como contraprestación contratos o tratos de favor por las Administraciones públicas.
De Santos ha revelado que el PP exigió en la legislatura 2003-2007 sobornos del 3% de las adjudicaciones de obras públicas y que muchos promotores y constructores le mostraron su contrariedad por estas prácticas.
Pinal, a través de Bruesa, obtuvo en esa legislatura (y antes y después) contratos públicos con distintas Administraciones de Balears, unos expedientes que están revisando los investigadores del caso Palma Arena.
