El fiscal Pedro Horrach trasladó ayer al juzgado una investigación que lleva meses dirigiendo y que se centra en la presunta financiación ilegal de la compra y reforma de la sede del PP de Baleares.
Anticorrupción aprecia indicios de delito en esta operación inmobiliaria y por ello presentó ayer un escrito de denuncia en el juzgado de instrucción número 3 de Palma, instando al juez Castro a que investigue esta compra. El fiscal cree que un empresario privado, relacionado con la construcción, financió esta adquisición.
El magistrado recibió ayer esta denuncia, en la que además de un escrito en el que narra los hechos que deben ser investigados, el fiscal aporta el testimonio de varias personas implicadas en esta operación.
Entre la documentación que se adjunta al escrito destaca la declaración que se tomó en Madrid a Javier Rodrigo de Santos, la primera persona vinculada al PP que desveló las irregularidades cometidas en la compra de la sede de la calle Palau Reial. El exconcejal de urbanismo del Ayuntamiento de Palma, que se ha convertido en un colaborador de esta investigación, denunció que un constructor le había desvelado que había pagado las obras de reforma de este edificio del centro de la ciudad. Se refería al empresario Antonio Pinal, propietario de la empresa constructora Bruesa.
Ante estos nuevos datos que aportó De Santos, la fiscalía Anticorrupción abrió una nueva línea de investigación ante las sospechas de que se habría podido cometer un delito de financiación ilegal. La fiscalía reclamó al Partido Popular que le entregara todas las facturas que abonó durante el proceso de reforma del edificio. La mayor parte de las obras las realizó un constructor de sa Pobla, que casualmente es el mismo que dirigió la reforma del palacete de Jaume Matas en la calle Sant Feliu. Este dato, que el fiscal considera importante, lo facilita al juez Castro. También entrega junto a su escrito de denuncia las facturas que ha aportado el Partido Popular de Balears. Al mismo tiempo aporta el fiscal el testimonio realizado por Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular nacional, que reconoció en su comparecencia ante el Parlament que la compra de la sede de Palma se había financiado a través de aportaciones particulares. Bárcenas también se refirió al constructor Antonio Pinal, pero desvinculó esta aportación económica de un posterior trato de favor de la administración a través de contrataciones de obras públicas.
El extesorero nacional dijo que este dinero se facilitó de forma voluntaria, después de que el partido solicitara a varios empresarios que ayudaran con aportaciones individuales a la financiación de varias compras inmobiliarias.
El fiscal Horrach relaciona esta nueva denuncia con la investigación que realiza el juez Castro, dentro del sumario del caso Palma Arena, sobre otros asuntos de presunta financiación ilegal del PP de Balears. En varias de las piezas el magistrado investiga si se ha producido algún tipo de delito en el pago de las campañas electorales que realizó el partido, que en ese momento dirigía el expresident Jaume Matas. Pero en este nuevo caso el fiscal no se refiere al pago de la campaña electoral, sino a la financiación de la sede principal del partido, ubicada en un edificio de la calle Palau Reial, cerca del Parlament.
Doble compra
Esta operación inmobiliaria se realizó en el año 2003. El PP balear compró inicialmente una planta del edificio, a cambio de casi un millón de euros. Sin embargo, después amplió la superficie con una nueva compra, que supuso un desembolso económico de otro medio millón de euros. El partido financió gran parte de esta compra a través de un préstamo hipotecario, que se abona cada mes.
Esta denuncia, como adelantó este periódico el pasado martes, fue ayer entregada en el juzgado de instrucción número 3 de Palma. El juez Castro no tomó ningún tipo de decisión, ya que prefiere estudiar y analizar la documentación antes de decidir sobre este nuevo escrito entregado por la fiscalía
Anticorrupción. No se descarta que el juez Castro y el fiscal Horrach puedan reunirse en breve para decidir la estrategia a seguir en esta nueva línea de investigación, que abre Anticorrupción ante una la sospecha de una operación de financiación irregular. En fuentes próximas al caso se ha señalado que existe la posibilidad de que la operación supuestamente ilegal habría prescrito, dado que el partido adquirió este edificio hace ya doce años. Sin embargo, el fiscal rechaza inicialmente esta posibilidad, entre otras cosas porque lo vincula con la investigación del caso Palma Arena.
