Tres altos cargos de Més y uno del PSOE han sido citados a declarar el próximo mes de diciembre como imputados por la querella que formuló la Fiscalía Anticorrupción por la compra de 22 unidades ferroviarias sin convocar un concurso público. Se trata de los cuatro políticos que constituían la cúpula de Transportes del Govern del Pacte, dirigida por representantes de las dos formaciones.
En una providencia dictada por la magistrada Ana San José, que instruye esta denuncia, se cita a declarar como imputados para el próximo día 3 de diciembre al exconseller de Medi Ambient, Gabriel Vicens, al ex director general de Mobilitat y actual portavoz de Més en el Ayuntamiento de Palma, Antoni Verger, y a los dos gerentes de la empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca, Bartomeu Gual (Més) y Jaume Jaume (PSOE). Éstos dos últimos también están imputados en otra causa que se investiga en el juzgado y que hace referencia a la contratación del constructor que realizó las obras de mejora del puente del tren, un acuerdo que se adoptó sin un concurso público.
La magistrada ha decidido aceptar la propuesta que planteó hace varias semanas la fiscal anticorrupción Ana Lamas, que solicitó que se llamara a declarar como imputados a estos cuatro cargos políticos en relación a la compra, sin convocatoria de concurso, de una partida de 22 unidades de trenes. Un encargo con un presupuesto de 75 millones de euros.
La Fiscalía ha cuestionado la legalidad de dicha operación, que consistió en aprovecharse de una opción de compra de un contrato firmado con el fabricante y el Govern del PP para suministrar maquinaria de metro. Se ejecutó dicha opción, pero no para ampliar la flota del metro de Palma, sino para adquirir maquinaria para el tren. Se justificó dicha compra al considerar que existía una dependencia técnica, por lo que se compraron 22 unidades ferroviarias nuevas para utilizarlas en el tramo eléctrico del tren.
El Govern del Pacte justificó este desembolso porque existía un proyecto aprobado para electrificar las líneas hasta sa Pobla y Manacor, aunque después no se llegó a ejecutar por falta de dinero. La maquinaria ferroviaria se encargó al fabricante CAF, especialista en construcción de trenes, compra que se realizó dos años antes del periodo previsto para electrificar estos tramos de la vía, que nunca llegaron a ser realidad. Los responsables de la cúpula de Transportes alegan que la maquinaria se compra siempre con 24 meses de antelación porque es el periodo de tiempo que precisa el fabricante para construir un tren.
La Fiscalía presentó esta querella por un presunto delito de malversación tras una denuncia formulada por el actual gerente de SFM, José Ramón Orta, que cuestionó que el anterior Govern adquiriera tantas unidades ferroviarias sin convocar un concurso público.
La denuncia se fundamenta en el informe que realizó el actual responsable técnico de SFM, que cuestionó que el anterior Govern pudiera justificar la dependencia técnica de las unidades para realizar esta compra sin convocar el concurso. Este ingeniero fue citado a declarar hace varios días y en presencia de la juez no fue tan explícito como en la denuncia inicial. El técnico reconoció que se había equivocado en algunos conceptos que inicialmente cuestionaba.
A pesar de las dudas que ha planteado este testigo, la Fiscalía Anticorrupción considera que la operación se debe seguir investigando y por ello ratificó su propuesta de imputación.
