Los cargos políticos que tendrán que comparecer el próximo mes ante la juez como imputados alegarán que la operación contaba con la aprobación de tres técnicos, dos de ellos de la empresa. Presentarán los informes de un ingeniero, del asesor legal y del economista de la empresa pública, que avalaron siempre la legalidad de la operación. Antoni Verger, en una entrevista con este periódico, señaló que si aprobó esta compra, a través de dos contratos públicos, lo hizo porque el expediente disponía de los informes técnicos que avalaban la operación. Sin embargo, el ingeniero contratado por la empresa ferroviaria se negó a firmar el informe al plantearle dudas. Este ingeniero ha declarado a la juez que no firmó porque tenía poca experiencia.
Verger descartó que detrás de esta compra, financiada con fondos públicos, existiera un reparto de comisiones. Explicó que los trenes se han de comprar dos años antes de que terminen las obras ferroviarias. Por ello, se encargó, no solo la maquinaria para el trayecto hasta Inca, sino también los trenes que iban a desplazarse hasta Manacor y sa Pobla. Sin embargo, al no llegar los fondos que debía pagar el Gobierno Central, que se había comprometido con el Govern a través del convenio ferroviario, las obras no se pudieron realizar. Esta suspensión del proyecto no afectó al fabricante, que entregó las 22 unidades ferroviarias al cliente. En estos momentos únicamente se pueden utilizar en el trayecto hasta Inca. Los técnicos cuestionan que hagan falta tantos trenes, pero fueron comprados y pagados, y se tienen que utilizar.
