La juez Ana San José, titular del juzgado de instrucción número 5 de Palma, está ultimando la imputación de los responsables del Govern del Pacte que formaban parte de la cúpula de la política de Transportes. La magistrada ha decidido aceptar la propuesta de la fiscalía Anticorrupción, que aprecia indicios de delito en la compra de 22 unidades de tren sin la convocatoria de un concurso público. Solo falta que el juzgado fije la fecha en la que se citará a declarar a los responsables políticos, entre los que destacan el exconseller de Més Gabriel Vicens y el actual portavoz municipal de este partido en el Ayuntamiento de Palma, Antoni Verger. Éste último, ante su próxima imputación, anunció la pasada semana que renunciaba a presentarse a las primarias del partido nacionalista.

Fuentes próximas al caso reiteran que la condición de imputado no es sinónimo de culpable, sino que se trata de una condición procesal para proporcionar a la persona que se cita a declarar las máximas garantías, como por ejemplo la asistencia letrada.

Esta próxima citación responde a la querella que hace unos meses presentó la fiscal Ana Lamas, que cuestiona la legalidad de la operación por la que el Pacte compró 22 unidades de tren. Una operación que tuvo un coste económico de 75 millones de euros. El Govern hizo uso de una opción de compra de un contrato que firmó la anterior consellera del PP, Mabel Cabrer, para comprar unidades de metro. Los políticos nacionalistas compraron trenes eléctricos y no maquinaria de metro, operación que ha sido cuestionada por la fiscalía, que no entiende que al no tratarse del mismo tipo de elemento de transporte no se convocara un concurso público y se realizara una adquisición directa.

Los responsables de la política de transportes del anterior Govern han justificado que se trató de una decisión por dependencia técnica y que por ello se compró unidades a la misma empresa que había fabricado la maquinaria del metro.

Afirman que dispusieron de una serie de informes técnicos y jurídicos que avalaban la legalidad de esta operación. Por ello, interpretan que se trata de una maniobra política trasladada a los juzgados.

La documentación sobre esta operación fue entregada a la fiscalía por la actual dirección del servicio ferroviario. Sin embargo, la querella criminal se ha presentado a instancias de la fiscalía Anticorrupción, que ha apreciado indicios de delito en esta operación. De hecho, el Govern, de momento, ni siquiera está personado en esta causa como acusación, aunque no se descarta que pueda intervenir en las diligencias. Los políticos que serán imputados afirman que podrán explicar a la juez las razones de esta operación y que el caso quedará finalmente archivado.