La fiscalía ha presentado una denuncia por presunta corrupción en relación a un contrato público, firmado por el anterior Govern del Pacte, por el que se compraron, sin convocar concurso público, trece unidades del tren eléctrico para utilizarlos en la línea de metro de Palma. En esta denuncia judicial se indica que existen indicios de que detrás de este contrato se ha podido producir un presunto delito de fraude a la administración y otro de malversación de caudales públicos.
Este escrito, que firma la fiscal Ana Lamas, fue presentado en los juzgados de Palma hace varios días. La denuncia ha recaído en el juzgado de instrucción número 5 de Palma. La juez Ana San José ha aceptado el escrito y ha ordenado que se abran diligencias para investigar los hechos que se detallan.
La fiscalía ha actuado después de investigar en profundidad unos documento que fueron requeridos al Servei Ferroviari de Mallorca (SFM). Una vez analizados todos los contratos, Anticorrupción ha decidido denunciar los hechos al apreciar indicios de delito.
Las sospechas del fiscal se centran en los políticos del Pacte de Progrés que tomaban las decisiones en la conselleria de Obras Públicas, dirigida por el PSM. El Ejecutivo adquirió una partida de trece trenes eléctricos, que en estos momento se están utilizando en el metro de Palma, comprometiendo una partida de 77 millones de euros, que se están financiando con los presupuestos oficiales de la comunidad autónoma. Una compra que se realizó sin ningún tipo de concurso, aprovechando una adquisición anterior que realizó el Ejecutivo del Partido Popular.
Cuando Jaume Matas tomó la decisión de construir un metro de Palma, la entonces consellera Mabel Cabrer convocó un concurso público para adquirir las primeras unidades de transporte, que incluían tanto la locomotora eléctrico como los vagones de pasajeros. A este concurso se presentaron los principales fabricantes de material ferroviario, tanto españolas como extranjeras. Los técnicos, finalmente, optaron por la oferta que presentó la empresa Caf.
El primer organismo público que puso en duda esta operación fue la Sindicatura de Cuentas, que cuestionó que el Govern del Pacte beneficiara a esta empresa de fabricación. Los síndicos analizaron varios contratos que tramitó Serveis Ferroviaris de Mallorca y denunciaron que se utilizara un procedimiento en el que impidiera la libre competencia de otras empresas.
Este dictamen de los síndicos fue utilizado por la actual conselleria para poner en conocimiento de la fiscalía estos contratos firmados con Caf, que les otorgaba además la dependencia técnica de las unidades de transporte.
En el año 2005, el SFM adquirió, tras un concurso público, seis unidades motorizadas para utilizarlas en el metro. En el contrato se especificó una opción de compra de otros seis vagones. Esta cláusula caducaba el día 27 de septiembre de 2008. La conselleria que en ese momento dirigía Gabriel Vicens (PSM) esperó hasta el último día para ejecutar esta opción de compra. Además de los seis vagones eléctricos para que se instalaran en la línea de metro entre la estación de Palma y la UIB, también se adquirieron otras unidades de transporte. Sin que estuviera especificado en el contrato, se compraron otros cinco vagones eléctricos y once remolques de motor. Por todas estas unidades ferroviarias el Ejecutivo gastó 77 millones de euros, según señalaron fuentes judiciales.
La fiscalía cuestiona que el Govern del Pacte eligiera al mismo contratista, sin plantearse la posibilidad de que otras empresas también tenían el derecho a optar al contrato público. El fiscal sostiene que SFM, en cumplimiento de la ley de contratos, estaba obligada a convocar un concurso.
