El Pacte recurrió a un técnico externo para comprar los trenes denunciados

El Govern aprovechó una opción de compra del contrato del metro para adquirir, sin concurso, nuevos ferrocarriles eléctricos que destinó al transporte de tren - La fiscalía Anticorrupción ha denunciado esta compra ante el juzgado

29.03.2014 | 13:36
El Pacte adquirió este modelo de tren que se utiliza en el tramo de Palma a Inca.
El Pacte adquirió este modelo de tren que se utiliza en el tramo de Palma a Inca.

­La conselleria de Transportes del Govern del Pacte, dirigida por el PSM, recurrió a un ingeniero de una empresa externa para justificar la compra de 14 nuevos trenes a la empresa que había fabricado los vagones del metro de Palma, sin recurrir a la posibilidad de convocar un concurso público al que pudieran optar diferentes fabricantes. Este informe técnico, que señala la “dependencia técnica” de estas nuevas unidades con el fabricante, no fue firmado por el ingeniero de caminos contratado por el Servei Ferroviari de Mallorca (SFM). Este documento ha sido incorporado a la denuncia que ha presentado la fiscalía Anticorrupción, que ha pedido al juzgado que investigue esta operación de compra de esta flota de ferrocarriles, que no se utilizaron en el tramo del metro, sino que se emplearon en la línea de tren.

El primer contrato de compra con la empresa CAF lo firmó la consellera Mabel Cabrer, al impulsar el proyecto del metro. Tras ganar un concurso público, el Govern decidió comprar seis unidades dobles de tren del modelo 7100 para el transporte subterráneo de Palma. El precio que se pagó por esta maquinaria fue de 14,5 millones de euros.

En el contrato con el fabricante se firmaron dos opciones de compra. La primera establecía que en seis meses, ante la posibilidad de que se construyera un nuevo tramo del metro, la conselleria compraría seis unidades más del mismo modelo, con continuidad en la fabricación, al mismo precio. La diferencia con la segunda opción, ya sin continuidad de fabricación, es que se establecía un periodo de tres años, aunque se incrementaba el precio.

Según se refleja en los documentos que Anticorrupción ha acompañado a la denuncia, el contrato establecía que, si se ejecutaba cualquiera de las dos opciones, los nuevos trenes deberían prestar servicio en la línea de metro y, además, debían ser de idénticas características técnicas a los que ya se habían comprado. Es decir, teóricamente este acuerdo establecía que el SFM sólo podía comprar seis unidades del modelo 7100 y destinarlos al metro de Palma.

Sin embargo, según la acusación, el Govern del Pacte no respetó este acuerdo. El 31 de julio de 2008, el Consejo de Administración de SFM, presidido por el conseller Gabriel Vicens, acordó ejercer la opción de compra. Se decidió comprar las seis unidades descritas en la opción y adquirir cinco unidades más, junto con otros once vehículos intermedios sin motor, para componer unidades triples y cuádruples. Es decir, se compraron 22 unidades en total. El Govern del Pacte acordó realizar esta compra a través de un procedimiento negociado sin publicidad, justificándolo por la dependencia técnica, en vez de convocar un concurso y posibilitar a los diferentes fabricantes ferroviarios presentar sus ofertas, tanto de modelos como de precios. El contrato que firmó Mabel Cabrer establecía también que las nuevas unidades se destinarían al metro. Sin embargo, el Pacte las destinó al transporte de tren, siguiendo el acuerdo político de no construir nuevos tramos de metro. Además, tampoco se compró el modelo 7100, como se estableció en la opción de compra. Se adquirió el modelo 8100, que actualmente está en servicio en el tren, que es de una categoría técnica superior, pero es más caro.

El Govern del Pacte invirtió un total de 75,8 millones de euros en la adquisición de los nuevos trenes. Si se descuenta los 15 millones que se pagaron por la opción de compra, que establecía únicamente la compra de seis unidades, según se establece en la denuncia presentada en el juzgado, los otros 60 millones de euros se otorgaron directamente, es decir, a dedo y sin convocar concurso.

La actual dirección de la SFM, que puso estos hechos en conocimiento del fiscal, calcula que los perjuicios económicos rondan los nueve millones de euros.

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