Los dirigentes de la Conselleria de Movilidad y de la empresa pública SFM en tiempos del Pacte se declararon ayer "sorprendidos" por la decisión de Fiscalía de investigar por presunta corrupción la operación por la que se compraron 13 vagones para el tren de Inca sin el preceptivo concurso público, tal como adelantó ayer DIARIO de MALLORCA.
Las sospechas de Anticorrupción y de la juez que asume la causa afectan a una partida de 77 millones de euros utilizada para adquirir 13 trenes eléctricos a la empresa CAF. La compra se realizó sin concurso, como en su día criticó la Sindicatura de Comptes (encargada de fiscalizar todos los contratos públicos de las islas). A esa misma conclusión llegó la fiscal que presentó la denuncia, Ana Lamas, que documentó en su escrito que la operación se cerró empleando un contrato anterior firmado por Mabel Cabrer, hoy portavoz parlamentaria del PP, cuando era consellera del Govern de Matas.
A eso, a que el contrato que mira Anticorrupción nació en tiempos del PP y de Matas, aluden los responsables de la conselleria en tiempos del Pacte para justificarse. La mayoría de ellos entraron de la mano del PSM, aunque no todos: la vocación de repartirse el poder por cuotas llevó a PSM y PSOE a una decisión sin precedentes, poner dos gerentes en la empresa pública que hizo la contratación, SFM (Servei Ferroviari de Mallorca). Ayer ninguno de los dos gerentes contestaba. Este diario no pudo contactar con Tomeu Gual (PSM), aunque en su partido aclaraban que quizá durante el día de hoy explicaría los hechos. Del mismo modo, no fue posible localizar a Jaume Jaume, el gerente nombrado por el PSOE, que según informaron desde el partido está al margen de la actividad pública, recuperándose de una enfermedad. Tampoco ofreció directamente explicaciones el conseller de Movilidad y Medio Ambiente en el momento en el que se formalizó la compra que se investiga. En su caso, Gabriel Vicens (también del PSM) apunta, a través de un portavoz, que está tranquilo, que desea que se investiguen los hechos hasta el final y que, antes de hablar, quiere informarse bien de un expediente del que desconoce los detalles. "El primer sorprendido soy yo", afirma Vicens a través del portavoz.
Verger sí se explica
Las únicas explicaciones las ofrece así Antoni Verger, hoy portavoz del PSM en Cort y entonces director general de Movilidad, el encargado directo de la supervisión de SFM. Verger recalca que los hechos investigados se inician con "una denuncia del PP, parece ser que de la actual conselleria". El político econacionalista afirma que, pasados seis años, no recuerda todos los detalles de la contratación, aunque aclara que lo que hicieron fue utilizar "una opción de compra prevista en un contrato de la anterior legislatura (la del PP de Matas), cuando la conselleria la dirigía Mabel Cabrer". "Se hizo, evidentemente, con los informes favorables tanto técnicos como jurídicos, y pasando con absoluta normalidad por el consejo de SFM", abunda Verger en tono amable, antes de recalcar que explicará lo que haga falta.
El exdirector general en tiempos del Pacte reconoce además que la Sindicatura de Comptes se pronunció contra la operación (en 2011), algo por otro lado muy habitual en los contratos de la administración balear. Verger no entiende por ello que lo que podría ser "una irregularidad administrativa se convierta ahora en una causa penal, cuando se contrató a la misma empresa con la que había contratado el PP".
Sobre el funcionario que, según Anticorrupción, se negó a firmar los documentos para ampliar el contrato de compra a trece trenes más, Verger asegura que "la estructura técnica de SFM y los jurídicos tenían claro que la mejor opción era ejecutar esa opción".
